¿Que es la Propiedad Intelectual? ¿Y de qué sirve en los emprendimientos biotecnológicos?

Durante casi una década de experiencia profesional relacionada con la transferencia tecnológica y los emprendimientos (a veces no tan) de base científica, he escuchado decir que no vale la pena gastar tiempo y recursos en solicitar una patente de invención. Incluso he oído que éstas son un estorbo, en casi todo sentido, para el desarrollo de una innovación.

Mi opinión es que estas ideas nacen a partir del desconocimiento de los emprendedores por el sistema de propiedad intelectual, que reconozco es bastante complejo. No obstante, en determinadas situaciones, las patentes pueden convertirse en el activo más valioso que podría llegar a tener un emprendimiento en su intento por comercializar una innovación tecnológica.

¿De qué se trata la propiedad intelectual?

Partamos por lo básico. ¿Qué es una patente de invención? Para responder esa pregunta debemos ir incluso más atrás y explicar qué es la propiedad intelectual. La Organización Mundial de Comercio la describe como aquellos derechos exclusivos que se confieren a las personas, durante un plazo determinado, sobre toda expresión creativa y original que proviene del intelecto humano.

Generalmente, la propiedad intelectual se divide en dos áreas: los derechos que requieren registro; y aquellos donde no es obligatorio su registro.

En este último grupo, se encuentran básicamente los derechos de autor, los cuales se confieren automáticamente frente la expresión de una obra original y se circunscribe  mayormente a las obras artísticas y literarias. El derecho de autor protege la expresión de la obra, pero no su eventual funcionalidad. Vale decir, si publico un artículo en una revista que describe el funcionamiento de un vehículo eléctrico que yo inventé, el derecho de autor protege únicamente la reproducción del escrito, pero no impide que un ingeniero replique la tecnología en su taller y lance al mercado un auto con iguales características. Esto es especialmente crítico en la desarrollo de tecnologías de información y el software, situación que también explico aquí.

Por esta razón se requiere una protección adicional para resguardar las características técnicas y funcionales de un invento. Es ahí donde surgen las patentes de invención, las cuales necesitan registro para la apropiación de ese derecho.

Las patentes de invención son solicitadas ante organismos estatales competentes, quienes conceden o rechazan la patente en base a tres criterios: novedad mundial, nivel inventivo y aplicación industrial.
Las patentes de invención entregan un derecho monopólico a la persona natural o jurídica, dentro del territorio (país) que compete a ese Estado que otorga la patente, durante un período determinado (usualmente 20 años a partir de la fecha de solicitud, sin posibilidad de renovación). En el caso de Chile, la autoridad competente es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).

Aquí está, a mi juicio, la característica esencial de una patente de invención y que consiste en que la persona tiene el derecho exclusivo para impedir que terceros reproduzcan, modifiquen o comercialicen su invento sin autorización. De esa forma, la patente obtiene un valor económico y que se puede transar en el comercio.

Entonces, cuando un grupo de investigadores en biotecnología inventa un nuevo proceso que permite degradar residuos a través de organismos vivos como bacterias, o bien utiliza una enzima como tratamiento contra la diabetes (dos problemas de gran potencial comercial), pueden solicitar una patente de invención que proteja la aplicación de estas nuevas tecnologías. De esa forma se "apropian" del conocimiento generado y que tiene una aplicación industrial.

¿Por qué obtener una patente?

Solicitar una patente es un trámite costoso en cuanto a tiempo y recursos, por tanto la propiedad intelectual debe tener un propósito estratégico. Una repuesta frente ello puede ser que necesito la patente porque entiendo que la solución que inventé apunta a un problema de mercado con alto potencial de retorno a la inversión (estrategia de monopolio comercial). Otra alternativa válida sería que la patente aumenta mi reputación profesional y quizás de la institución donde investigo e invento (estrategia de prestigio individual y corporativo). También puedo solicitar la patente en base a que deseo impedir que terceros se adelanten o apropien de mi trabajo tecnológico (estrategia de bloqueo o defensiva). Estas decisiones deben ser alimentadas y aconsejadas por una política de propiedad intelectual, acorde a los objetivos estratégicos a largo plazo de la institución o personas.

En el caso de la biotecnología, usualmente la investigación requiere un alto nivel de inversión en espacio, equipamiento, contratación de personal, adquisición de materiales, entre otras. Entonces, una forma de recuperar esa inversión es patentar los desarrollos tecnológicos alcanzados para luego comercializar la propiedad intelectual y buscar un retorno que idealmente sea superior a la inversión. De esa forma, hago crecer mi laboratorio o centro de investigación.

En las universidades que ya han entendido y definido este tema, para luego plasmarlo en políticas coherentes de propiedad intelectual, se incentiva a que los investigadores faciliten sus creaciones intelectuales y las patenten con el fin de comercializarlas o transferirlas al mercado.

Comercialización de las Patentes

Las alternativas de comercialización de la propiedad intelectual (mayormente patentes) son esencialmente dos: licenciamiento y emprendimiento. Como el riesgo de innovar en este caso es muy alto, debido a que la tecnología no funcione adecuadamente o bien al mercado no le guste mi propuesta de valor (y en consecuencia, no estén dispuestos a pagar por ella), la primera opción es buscar un aliado que asuma este riesgo y entregarle la propiedad intelectual para realizar las primeras demostraciones en el mercado.


Como tengo un derecho monopólico gracias a la patente, le puedo entregar ese derecho al interesado a través de un contrato de licenciamiento. Esto quiere decir que le transfiero la patente a un tercero (idealmente una empresa establecida), bajo ciertas condiciones de uso para que éste pueda obtener un resultado (principalmente económico). Si ese resultado es positivo, como dueño o titular de la patente, puedo obtener una regalía económica. El licenciamiento es uno de las principales actividades de transferencia tecnológica en universidades.

Un caso de licenciamiento es la vacuna que previene el cáncer cervical (una enfermedad que provoca cerca de 250 mil fallecimientos anuales), desarrollada por los investigadores Ian Frase y Jian Zhou de la Universidad de Queensland (Australia). La tecnología que derivó de esta investigación fue patentada por la universidad en 1991 y luego licenciada a la farmacéutica Merck, bajo la marca Gardasil. Hoy esta solución de salud se ha distribuido en más de 200 millones de dosis, en 130 países, generando ingresos anuales sobre $ 1 mil millones de dólares. De esa enorme torta comercial, la Universidad de Queensland recibe considerables regalías, que se reinvierten en nueva investigación. Adicionalmente, una de las cláusulas de este licenciamiento, es distribuir la vacuna a precios más bajos y hasta de forma gratuita en países de bajos ingresos y con una alta tasa de enfermedades de transmisión sexual.

Casos de gran impacto como éste son escasos en el mundo académico, pero posibles gracias a las patentes. En Chile, existen esfuerzos similares como los de Alexis Kalergis en la Universidad Católica para combatir el virus sincicial respiratorio y Luis Burzio en la Fundación Ciencia y Vida en temas relacionados con el cáncer, quienes intentan realizar esta compleja tarea de transferir resultados de I+D a la sociedad y se espera que en los próximos años puedan entrar en etapas de licenciamiento y comercialización.

Emprendimientos basado en Ciencia

Sin embargo, la posibilidad de encontrar a ese interesado en comercializar mi patente es escasa y sobre todo considerando una industria, como el chilena, que no está muy interesada en innovar. Por ello, es importante entender en qué mercados fuera de Chile, mi tecnología tiene potencial. Así patento en esos países y busco interesados en licenciar para su comercialización.

El patentamiento en distintos países involucra obviamente un alto costo, que debo considerar antes de iniciar el trámite de solicitud. Ese análisis considera, entre otras cosas, si existe real interés de mercado, potenciales licenciatarios y fortalezas de la propiedad intelectual. Así, finalmente decido si patento o no; además de otras vías de comercialización acordes a la fortaleza de la propiedad intelectual.

Por ejemplo, si en ese análisis determino que la tecnología tiene un alto potencial pero no encuentro licenciatarios interesados, puedo considerar iniciar un emprendimiento. Vale decir, creo mi propia empresa para que comercialice la propiedad intelectual que tengo a mi favor. En este caso, debo desarrollar una estrategia de investigación y desarrollo que me permita tener más de una patente, además del registro de marca (otra propiedad intelectual que requiere registro). Así el emprendimiento va diseñando el producto que se lanza al mercado y que, bajo un modelo de negocios, lucha por vender.

Nuevamente, las patentes tienen un valor intrínseco, pues mi empresa tendrá el monopolio para poder comercializar la tecnología patentada. De esa forma, excluyo a competidores y, más importante aún, tengo un instrumento para atraer inversión externa. Esto es fundamental para alcanzar mejores opciones de cruzar el famoso "valle de la muerte", por el cual pasa todo emprendimiento.

A medida que mi naciente compañía va avanzando en la demostración técnica y comercial del producto, voy captando la atención de competidores más grandes y que se interesan en mi tecnología, la cual legalmente no pueden copiar. De esa forma, el "pez más grande" me ofrece adquirir mi emprendimiento no solo por las ventas que genero hoy, sino por el potencial que ofrezco a futuro y que es posible gracias al monopolio de las patentes.

En el diagrama a la izquierda, se observa el progreso técnico y comercial del anticuerpo monoclonal Trastuzumab, que interfiere con el receptor del factor de crecimiento epidérmico humano (HER2) y cuya aplicación actual se enfoca en el tratamiento de pacientes con cáncer de mama. El Trastuzumab fue desarrollado inicialmente por el Centro Johnson del Cáncer, bajo el alero de la Universidad de California Los Angeles (UCLA) durante la década de 1980. La propiedad intelectual luego se transfirió a la naciente empresa de biotecnología Genentech, quien continuó solicitando patentes respecto a esta aplicación y confirmó su efectividad para contrarrestar el cáncer de mama en pruebas clínicas con pacientes humanos. Luego, el gigante Roche comercializó la licencia de ese grupo de patentes.

Finalmente, Roche consideró que todo el portafolio de propiedad intelectual de Genentech era útil para su crecimiento y decidió adquirir la empresa por más de $ 46 mil millones de dólares en 2009. Entre 2014 y 2017, las distintas patentes relacionadas al Trastuzumab caducaron y desde entonces se han producido los respectivos bio-equivalentes.

Como afirmé anteriormente, la propiedad intelectual tiene muchas aristas y aquí intenté resumir los elementos  que a mi juicio son los más importantes para un emprendimiento biotecnológico. Encantado de recibir dudas y comentarios en mi cuenta de Twitter @dhzlatar

Hacia una política de cluster en Chile

En este año 2015 a punto de culminar han ocurrido dos hitos importantes que, a mi juicio, van a tener un gran impacto en la agenda pública y privada en materia de ciencia, tecnología e innovación.

La primera fue el anuncio de la inversión en I+D respecto al PIB, en la cual Chile avanzó ligeramente del 0,36% (2012) al 0,39% (2013). Como el principal indicador para medir el esfuerzo que realiza el país en la materia, Chile aún está lejos del promedio OECD del 2,4%. Una de las razones para explicar este atraso es la baja participación del sector privado, con 36%; mientras que en países líderes, los privados participan con el 60%. 

Es evidente que Chile requiere agilizar y articular su Sistema Nacional de Innovación en el corto plazo, desarrollando un mayor compromiso del sector privado. Es así como el segundo acontecimiento apunta en esa dirección, cuando la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) confirmó que retoma la política de "clusters", abandona por la administración anterior (2010-2014). Pero esta vez fue renombrada como "Programas Estratégicos de Especialización Inteligente".  

Quizás se queda en el tintero un tercer acontecimiento como fue la renuncia de Francisco Brieva a la presidencia de Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica). Esto levantó una gran preocupación en la comunidad científica, quienes han expresado la urgencia de tener una política a largo plazo de ciencia y tecnología. Entre las decisiones estratégicas más significativas se puede mencionar la necesidad de tener una política de inserción para los jóvenes investigadores nacionales que se están formando (con recursos públicos) tanto en Chile como el extranjero. Pues bien, este blog pretender contribuir en esa dirección. 

¿Qué es un cluster? y ¿por qué importa?

Porter (1998) define cluster como una concentración geográfica de compañías e instituciones interconectadas en un área geográfica en particular; en ella operan dos fuerzas económicas: convergencia y aglomeración.

La aglomeración ha sido un aspecto primordial de la economía geográfica, compuesto por tres conductores: vínculos input-output, desarrollo del mercado laboral y transferencias (spillovers) de conocimiento. 

La aglomeración puede surgir de la estructura inicial que posee una región en torno a una industria o la explotación de un recurso natural. La presencia de actividades relacionadas a una misma base económica incrementa la disponibilidad de insumos (inputs) en una locación delimitada y aumenta los resultados (output), provocando que las empresas tengan una mayor cantidad de recursos comparada con una compañía fuera del cluster.

Como la finalidad es lograr competitividad, las compañías necesitan vínculos con otras organizaciones especializadas en apoyo logístico, servicios de asesorías y otros proveedores de infraestructura; y también requiere de participantes que produzcan conocimiento de punta que se traduzca en aplicaciones de alta competitividad, como instituciones de educación superior, centros de investigación, unidades de apoyo tecnológico e información de vigilancia. 

En castellano, se refiere a los clusters como nodos regionales, en la cual las organizaciones se concentran en un territorio y gracias a esta cercanía geográfica intercambian información que le permite a una industria específica incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva. Esto resulta en ventajas comparativas en ciertos sectores del comercio internacional.

Silicon Valley es el cluster más famoso del mundo, debido a la ubicación, dentro de un territorio de algunos kilómetros cuadrados, que integran universidades quienes aportan conocimiento, emprendedores que transfieren ese conocimiento al mundo empresarial, inversionistas dispuestos a apoyar actividades de riesgo y grandes compañías deseosas de alimentarse de ideas frescas e incorporar nuevo capital humano que les permitan innovar.

En torno a Silicon Valley también se han agrupado una serie de participantes que potencian el cluster, como especialistas en propiedad intelectual, doctorados interesados en realizar investigación aplicada de punta, head-hunters que entienden el proceso de emprendimiento tecnológico y logran atraer capital humano avanzado y contadores hábiles en mover las finanzas hasta su máxima expresión para así cruzar el temido "valle de la muerte". En algunos casos, el gobierno ha colocado incentivos para motivar a los participantes a realizar estas actividades de emprendimiento e innovación que son consideradas de alto riesgo. 

La justificación que explica la existencia de los clusters es que para la mayoría de las tecnologías, obtenidas en el laboratorio, se requiere mucho más que simplemente inventar, proteger y anunciarlas. 

Esto debe ser acompañado de actividades complejas como pruebas, ensayos, validación, instalación de producción, capacidades de ingeniería, cadenas de distribución y comercialización, las cuales también son necesarias para explotar una tecnología nueva. En ese contexto se requiere de un alto nivel de coordinación y articulación, que permita a los participantes establecer claras acciones que tiendan a la sinergia.

Dadas estas características es que Silicon Valley es un imán para los inversionistas de nuevas tecnologías. Según un análisis del MIT, Silicon Valley posee un capital de riesgo de $ 11,2 mil millones de dólares, que lograron 12 ofertas públicas iniciales en 2012 (IPO, por sus siglas en inglés).  Otros clusters destacados son el Biotech Hub en Boston, Tech City en Londres, Silicon Wadi en Israel, Skolkovo Innovation City en Rusia y Bangalore en India.

En la mayoría de los casos, los clusters nacen de manera espontánea luego de décadas de desarrollo de sus componentes; no obstante, el diseño e inversión pública de nodos puede acelerar el proceso y entregar una plataforma inicial que vaya creciendo en resultados y sofisticación, para lo cual es necesaria una efectiva cooperación entre públicos y privados. Siguiendo el modelo de la triple hélice de la innovación de Etzkowitz (1993), también es indispensable agregar a las universidades presentes en la región dentro del cluster en construcción.

¿Cómo formar un cluster en Chile?

El Programa de Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) tiene como uno de sus lineamientos centrales dentro del Capítulo de Ciencia, Tecnología e Innovación retomar la política de cluster regionales (pp. 52-53), que deben ser definidos en función a la vocación productiva de cada región, según se cruza en el Capítulo de Descentralización (pp.114-117).

Los siete sectores estratégicos para el desarrollo de clusters en el país (o por su nombre oficial “Programas Estratégicos de Especialización Inteligente”) son: Minería, Turismo, Agroalimentos, Construcción, Economía Creativa, Manufacturas Avanzadas y Pesca y Acuicultura. 

En Chile la formación de clusters en algunas de estas áreas se ha dado de forma natural, aunque tímidamente, con los casos de la minería, en la Región de Antofagasta, y la acuicultura, en la Región de Los Lagos, como los más significativos. En ambos casos, la presencia de compañías líderes mundiales ha significado un impulso a la actividad económica en estas industrias, como han sido BHP Billiton y Marine Harvest. 

No obstante, la formación de empresas proveedoras de productos y servicios que aporten valor a las actividades de estas empresas ha sido débil. Existen pocas evidencias de la introducción de nuevas tecnologías o la diversificación de la productividad, surgidas a raíz de la interacción en estos incipientes clusters. 

Apuntando a esta debilidad, Corfo también impulsó en el 2015 la creación de centros tecnológicos, que brinden espacio y asistencia a las actividades de transferencia tecnológica, con el fin de mejorar la competitividad de las empresas y al desarrollo económico de su entorno. 

En mi opinión, para alcanzar estos objetivos, los clusters deben fortalecer su sistema de investigación científica, impulsando el desarrollo tecnológico y la innovación, como se observa en la figura a continuación. 

Inserción Capital Humano Avanzado en Nodos Regionales

En el primer apartado resulta clave formar y atraer  suficiente capital humano avanzado, capaz de empujar las fronteras del conocimiento, con un enfoque particular en el área económica que definirá el cluster. A fines del 2014, la Comisión Minería y Desarrollo de Chile sugirió potenciar la capacidad de I+D expandiendo el número de investigadores de excelencia en el área desde 350 en la actualidad hasta mil en el 2025.  

A la vez, para impulsar el desarrollo tecnológico es necesario contar con agentes intermediarios que lleven el conocimiento que esta masa de investigadores va a producir hacia actividades concretas de aplicación. Por tanto, adicionalmente, se requiere aumentar el número de ingenieros especialistas, así como el personal de apoyo tanto técnico como administrativo para labores de transferencia tecnológica.

Por otra parte, el Gobierno debe ubicar incentivos para la proliferación de estas nuevas tecnologías con aplicación en el sector privado, utilizando el vehículo del emprendimiento o licenciamiento y así lograr que éstas lleguen al mercado. Estas actividades de formación de empresas podrían ser desarrolladas por los nuevos magister y doctorados que se están formando con las becas de financiamiento público. 

Al mismo tiempo, se requiere grandes empresas cuyo pilar estratégico sea la innovación basada en la investigación científica. Por ejemplo, Corfo podría alentar a que compañías como Google, Air Products, Alstom, Basf, Chevron, Dow Chemicals, GE y otras consideradas dentro de las más innovadoras del mundo se instalen en Chile con sus laboratorios y departamentos de innovación, solicitándoles que al menos el 30% de sus nuevos productos provengan de una alianza con un socio chileno. De esa manera, se demandará producción y transferencia de conocimiento desde la I+D nacional.  

Y por último, los gobiernos regionales pueden crear unidades específicas de I+D+i con la contratación de profesionales especializados, como aquellos beneficiarios de Becas Chile. Recordemos que éstos solo tienen la obligación de regresar y residir en Chile una vez que terminen sus estudios en el extranjero. Se puede crear un instrumento que permita contratarlos por 3 a 4 años para efectuar tareas de coordinación en la administración pública regional, alentando su retorno al país. 

Se ha comentado que Chile no puede replicar modelos que triunfaron en otros países, como fundar desde cero un cluster tipo Silicon Valley. Eso puede resultar verdadero, si es que no se toman acciones que corrijan las fallas que presenta el actual sistema nacional de innovación. Hoy el Estado tiene una gran oportunidad de diseñar un sistema que al mismo tiempo refleje nuestra realidad y que nos permita avanzar hacia una sociedad basada en el conocimiento. 

Participación de Ley Incentivo Tributario al I+D en inversión total de Investigación y Desarrollo en Chile

Los beneficios tributarios para que empresas y organizaciones privadas desarrollen investigación y desarrollo (I+D), que luego sirve de base para generar nuevos productos y servicios con aplicaciones industriales y comerciales, son instrumentos públicos muy utilizados por los sistemas nacionales de innovación.

Al 2010, más de 20 países miembros de la OECD entregaban algún incentivo fiscal para incorporar y realizar I+D en la industria. Al contrario de los subsidios a los cuales una entidad postula, los incentivos tributarios están abiertos a todos los potenciales productores de I+D en cualquier momento.

La OECD fija a EE.UU., Japón y Canadá como los tres países líderes que más invierten en I+D mediante estos incentivos. Las empresas estadounidenses recibieron U$ 7 mil millones de dólares por esta vía, mientras que Japón superó los U$ 5 mil millones y Canadá los U$ 3 mil millones, según cifras del 2008.

En el caso de Chile, la Ley 20.241 establece un incentivo que rebaja vía impuestos de primera categoría al 35% de los recursos que destinen a actividades de I+D, que puede ser realizada desde sus propias capacidades así como subcontratando a terceros especializados. En tanto que el 65% restante puede ser considerado como gasto necesario para producir la renta. Esto significa que el crédito tributario puede empinarse hasta el 46%, mientras que el tope máximo anual corresponde a 15 mil UTM  (alrededor de US $ 1 millón de dólares).

Según datos de Corfo, Chile certificó $ 33 mil millones de pesos en 2014, que representa unos US $ 58 millones de dólares (según valor promedio del dólar observador de ese mismo año que fue de $ 570). Mientras que para este 2015, se espera que aquella suma aumente a $ 40 mil millones de pesos en proyectos certificados por la entidad (con la salvedad que el valor del dólar observado promedio del 2015 se empina sobre los $ 638, lo que significa casi U$ 69 millones de dólares).

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, reconoció al Diario Financiero (21 de septiembre 2015) que los datos entre 2013 y 2014 son inferiores a períodos anteriores. Adicionalmente, el personero advirtió que las bajas proyecciones de crecimiento para la economía chilena para el 2016 tendrán un impacto negativo en el uso de esta franquicia.

¿CUÁNTO DEBERÍAN CRECER LOS APORTES VÍA LEY I+D?

Mucho se ha escrito y comentado que Chile solo invierte 0,39% del PIB en actividades de I+D, número muy por debajo del promedio OECD del 2,4%. Aún más alarmante es la baja capacidad que tiene el sector privado nacional para producir e involucrarse en I+D, participando con menos de un tercio en esa inversión; mientras que la media OECD indica que la empresa aporta dos tercios de la inversión en I+D.

El desafío que hoy enfrenta Chile es no solo aumentar la inversión total en I+D hasta aproximarse a los estándares OECD, sino que también lograr que la empresa se involucre a una velocidad aún mayor. Para alcanzar esos objetivos, se requiere aplicar una serie de supuestos, que el economista José Miguel Benavente anticipó en el 2008. Por ejemplo: si la meta de Chile es duplicar su inversión en I+D, saltando al 0,8%; la participación de la empresa tiene que crecer tres veces; mientras que si Chile espera acercarse al 2,4% promedio de la OECD, la inversión privada debe aumentar más de cinco veces. De esa manera, el porcentaje de ese sector también se equipara al promedio OECD del 60% (como se observa en la figura 1).

Figura 1: Proyecciones de crecimiento de la inversión en I+D en Chile
para alcanzar el promedio OECD

Si lo que se busca es producir I+D para que luego la industria sea capaz de absorberlo y transferirlo, la Ley I+D es un instrumento de gran potencial pues vincula ambas esferas.

A pesar de que ésta no es la única herramienta de política pública que el Estado de Chile ofrece para potencia esa relación, es un instrumento poderoso pues apalanca por cada peso del sector público otro peso del privado (formato 1+1). 

Al respecto, existen significativos estudios que cuantifican el impacto que puede tener un incentivo tributario en la inversión total del I+D respecto al PIB. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Políticas Públicas VoxEU estimó que para aumentar un punto porcentual de la inversión del I+D respecto al PIB se debe invertir igual cifra en créditos tributarios (Gaillar y Straathof, 2015).

En otras palabras, para que Chile llegue al 1% de inversión en I+D (creciendo del actual 0,39%), utilizando como supuesto solo el crecimiento en proyectos certificados por la Ley I+D, y sin aumentar gasto en otras actividades, ésta debería reportar sobre los $ 800 mil millones de pesos. Esto supondría además que la empresa privada participaría por sobre el 60% del total en la inversión de I+D que realiza Chile respecto a su PIB.

Para que eso ocurra el aporte de la Ley I+D debe crecer 24 veces desde su volumen actual. Algo difícil de suponer bajo las proyecciones de crecimiento para los próximos años, donde la mayoría de las empresas chilenas estarán mucho más preocupadas del día a día que de invertir a largo plazo.

APALANCAMIENTO

El valor adicional que propone la Ley de I+D es que las empresas salgan a buscar capacidades de I+D. Una carencia que el grueso de las compañías chilenas padece y que para lograr deben, a mi juicio, relacionarse con las universidades. Por otra parte, a las universidades nacionales se la ha achacado que produce gran investigación, pero con nulo impacto social y económico, debido precisamente a su baja vinculación con la industria.

De esa manera, se pone a prueba la voluntad de ambas partes por acercarse: la empresa debe entender que la I+D es un proceso lento y a largo plazo, que debe integrarse en sus procesos de innovación con la estructura que eso demanda; y, por su parte, la academia (principal generador de I+D) tiene que adaptarse a las necesidades de la industria, si desea colaborar con ella, formulando una investigación orientada al mercado.

Obviamente que ambos actores deben trabajar en mejorar sus vínculos. En mi opinión, la empresa no puede delegar la gestión de I+D dentro de un departamento de marketing u otro similar, sino que tiene que crear una unidad específica de innovación. Por su parte, la universidad tiene que potenciar y apoyar internamente sus oficinas de transferencia tecnológica. Si el investigador, o incluso el brocker tecnológico, sale a buscar directamente al gerente de finanzas de la empresa (o viceversa), sin el apoyo de intermediarios, va camino al fracaso.

En ambos casos, la creación de infraestructura útil para producir innovación puede convertirse en un motor capaz de levantar nueva inversión en I+D. Las empresas necesitan primero crear áreas especializadas y capaces de absorber I+D. Con estas capacidades instaladas, luego podrá generar su propia investigación, donde se necesita mucho capital humano avanzado, laboratorios que tiendan al escalamiento productivo, marketing y difusión especializado en adopciones tempranas, vigilancia tecnológica, entre otros.

En tanto, que las universidades deben potenciar e impulsar políticas de propiedad intelectual, orientando parte de su I+D hacia resultados aplicados, formando unidades específicas de diseño y prototipado, protegiendo resultados y aplicando metodología de transferencia ágil hacia la industria.

A mi juicio, el componente más importante de esta ecuación es el capital humano. La contratación en ambas partes de investigadores con grado de magister y/o doctorado (becados actualmente por el Estado y quienes carecen de un sistema de inserción adecuado) pueden ser una alternativa potente para convertirse en los líderes, coordinadores y articuladores, que operen como puentes entre los interesados.

La experiencia internacional en los líderes mundiales en I+D+i indica que los agentes de transferencia poseen el grado de PhD y además cuentan con la experiencia significativa en transferencia tecnológica y comercialización de la propiedad intelectual. Situación que se puede replicar en nuestro país.

Si estos especialistas logran agilizar los resultados a la velocidad que demanda la industria y minimizar el riesgo, es posible tener casos de éxito en el mediano plazo, los que servirán de ejemplos para que el ecosistema de innovación comience a adoptar un modelo de transferencia tecnológica particular a las condiciones que Chile presenta hoy.

De esa manera, se puede apalancar recursos de inversión en I+D, acercándose al 1% del PIB. Este esfuerzo conjunto entre gobierno, academia y empresa tiene que ser permanente y entendido como crítico para sortear los ciclos económicos que hoy nos afectan.   

Protección de la Propiedad Intelectual en el Software

La industria de las tecnologías de la información (TI) es uno de los grandes motores del desarrollo tecnológico moderno. Desde funciones de cálculo hasta el modelamiento industrial de una cadena productiva, pasando por aplicaciones en el diseño, comunicaciones, medicina, entretención y gestión de la información, entre otros, la computación ocupa un papel sumamente relevante en la vida diaria de nuestra sociedad.

La TI es un cúmulo de conocimiento científico y tecnológico ocurrido en los últimos 200 años, que esencialmente se expresan en dos áreas: hardware y software. La gran mayoría de nuestras actividades cotidianas del siglo XXI están gestionadas y almacenadas en dispositivos fijos y móviles (hardware), los cuales funcionan con sistemas operativos (software), que a su vez se alimenta de aplicaciones que permiten efectuar tareas específicas (software de menor complejidad que los sistemas operativos).

Los actores de estas áreas de las tecnologías de la información conforman una cadena de valor, en la cual cada participante va aportando un activo único que aporta “valor” al producto o servicio hasta que llega a manos del cliente final. En el caso de la gran industria de la tecnología de la información, los distintos participantes (separados en varias compañías) van construyendo una cadena de valor que acumula gran cantidad de tecnología, como se observa en la figura 1 a continuación.

Figura 1: Componentes del Sistema Informático

Fuente: Diego Díaz, (IECM, 2013)

Como es posible de apreciar, se describe una industria muy intensiva en el desarrollo y explotación de conocimiento conducente a la creación y/o mejoramiento de tecnología, por lo que la gestión y administración de la propiedad intelectual es crítica para sus integrantes. Adquirir los derechos intelectuales de la creación es crucial para una pequeña compañía de software que lucha por ingresar con una propuesta única e innovadora en la mencionada cadena de valor. En muchos casos, los derechos de propiedad intelectual serán los únicos activos con los que esa startup cuenta para competir.

La creación, registro y protección de la propiedad intelectual debe estar incorporada de la forma más robusta posible en el quehacer de la empresa, quien vela por gestionar y administrar estos activos de la manera más eficiente según su estrategia corporativa.

Como ya se mencionó, estas empresas se insertan en una cadena de valor donde el intercambio de información es muy útil para lograr competitividad. Pero al mismo tiempo, participar en una red abierta de colaboración (potenciada por Internet) provee incertidumbres entre los creadores de software, que ven con preocupación como sus proyectos pueden ser utilizados por terceros sin autorización. Frente a esa situación, muchos emprendedores tecnológicos estiman que el “patentamiento” del código fuente del software puede ser la solución, al entregar un derecho exclusivo de monopolio para la explotación y utilización de esa particular creación intelectual.

El pequeño problema estriba en que el código fuente de un software no es sujeto directo de registro de patentamiento, sino que su protección inicial, de acuerdo a la legislación chilena, corresponde al derecho de autor, que es una figura de resguardo distinta. Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, el software también puede ser protegido mediante una patente, así mismo como otras formas de la propiedad industrial, principalmente marcas.

En consecuencia, el software no está remitido a un solo tipo de protección a la propiedad intelectual, sino que puede obtener un cúmulo de protecciones. La orientación que intenta entregar este documento es cómo proteger legalmente un software dentro del derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor. Para ello previamente, debemos realizar un repaso de los tipos de protección en la propiedad intelectual.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es entendida como toda creación de la mente humana, entre las que se cuentan las invenciones, las obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos.

Los derechos de propiedad intelectual permiten a su dueño y/o creador beneficiarse de su obra, quien invirtió tiempo y capital para obtener un resultado determinado. Este concepto está consignado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según la legislación chilena, la propiedad intelectual se divide en tres grandes áreas: derecho de autor, variedades vegetales y propiedad industrial.

Figura 2: Propiedad Intelectual y sus áreas de división

Nota: La propiedad industrial tiene una variedad de formas de
protección, donde la patente de invención y las marcas son solo dos.

En la figura no se mencionan los restantes mecanismos de
protección solo para simplificar su representación.

Derecho de Autor

El derecho de autor protege los derechos que, por el solo hecho de la creación, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión; así como los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor tiene efecto inmediato desde el momento en que se crea y difunde una obra. No es necesario realizar un registro en agencias de gobierno, aunque se recomienda hacerlo pues sirve como medio de prueba frente a eventuales infracciones.

De tal forma, el titular tiene la potestad de impedir que terceros copien sin autorización su obra y, a la vez, a controlar el acto de reproducción, ya sea, por ejemplo, en la publicación de un libro por una editorial o la fabricación y distribución de interpretaciones musicales por compañías discográficas.

La Ley 20.435 del año 2010 establece que el derecho de autor tiene una duración por toda la vida del creador y se extiende adicionalmente por 70 años, contados desde la fecha de su fallecimiento. 

En el caso de una persona jurídica, la protección es de 70 años a contar desde la primera publicación.

En 1990, Chile agregó como objetos de protección dentro del derecho de autor a través de la Ley 18.957 a los videogramas, diaporamas y programas computacionales. En 2003, la Ley 19.912 incluyó dentro de los programas computacionales a las compilaciones de datos. Ese mismo año, la Ley 19.914 reguló el derecho exclusivo de arrendamiento de programas computacionales.  

Propiedad Industrial

Por su parte, la propiedad industrial son derechos exclusivos válidos en un territorio, que otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, marcas comerciales, indicaciones geográficas, que crean personas naturales o jurídicas.

Una de las formas de protección de propiedad industrial es la patente de invención, la que se otorga al producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo y resuelve de forma novedosa un problema de la técnica. Una patente entrega protección al titular de la invención y se concede por un período limitado de 20 años desde la fecha de solicitud. Una invención debe cumplir con tres condiciones para solicitar su patente: novedad universal, nivel inventivo y aplicación industrial.

Las marcas comerciales son otra forma de protección a la propiedad industrial, que corresponden a signos distintivos que se otorgan para diferenciar productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado. Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, imágenes, fotos, sonidos y formas, así como toda combinación de los anteriores. 

Software como derecho de autor y patente de invención

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define los programas computacionales o informáticos (software) como conjuntos de instrucciones que controlan el funcionamiento de un computador para que éste pueda realizar una tarea específica. En la elaboración del software se encargan uno o más autores y su forma de expresión final solo puede ser entendida directamente por el computador y no por el ser humano.

Como estas instrucciones se expresan de forma escrita, en una secuencia de códigos computacionales, existe la línea de pensamiento jurídico que lo considera como una obra literaria; es decir, derecho de autor. Este es el enfoque predominante en los tratados internacionales[1].

No obstante, el problema que supone clasificarlo como derecho de autor, es que el software no es propiamente tal una expresión literaria, pues las líneas del código no dependen de su “gramática” para ejecutar una orden en el computador. Aquí surge la dicotomía entre la idea y su ejecución; ya que el primer concepto es la base del derecho de autor (una creación “artística” sin aplicación aparente es una idea), mientras que la ejecución es clave para demostrar que la patente de invención resuelve un problema de la técnica.

Precisamente estos problemas han motivado la tendencia de “patentar” software, pues la patente protege la función de la obra. En 1981, EE.UU. permitió patentar un software que controlaba procesos de fabricación. Esta decisión generó la jurisprudencia que ha permitido la solicitud y otorgamiento de una gran cantidad de patentes de invención a softwares. En concordancia, las distintas invenciones de esta área de la técnica suman el 12% de este tipo de patentes en el total de solicitudes de invención en la oficina USPTO de Estados Unidos (Guadamuz, 2008).

Europa siguió este modelo y después de una serie de discusiones, la Oficina Europea de Patentes (EPO) permitió la patentabilidad limitada de invenciones aplicada por computador y que produce un “efecto”. Es decir, si el software genera algún tipo de resultado en el mismo sentido que una invención tangible, se debería conceder la protección. No está demás, decir lo difícil que es para el examinador de patentes pronunciarse en tal sentido[2].

Esa situación ha sido reconocida por la normativa colaborativa internacional, como en el caso del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)[3] que señala: 

“Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes: […] vi) programas de computación, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas” (Regla 39.1).

A pesar de esta última consideración, las tecnologías de la computación tienen el 7,7% del total de solicitudes de patentes en el mundo, durante el año 2013 (ver gráfico 1). Es el porcentaje más alto de las áreas tecnológicas, señaladas por un informe de la OMPI[4]. Esto revela indudablemente la importancia que tiene el desarrollo de las tecnologías computacionales en el mercado mundial.

Gráfico 1: Solicitud de Patentes en el Mundo por área de tecnología en 2013

Fuente: OMPI y EPO, 2013
Nota: Tecnología de la Computación es una
sub-área de Ingeniería Eléctrica

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[1] Artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y el artículo 1 de la Directiva (91/250/CEE) del Consejo Europeo sobre la protección jurídica de programas de computación equiparan el software con las obras literarias, protegidas por el derecho de autor.

[2] Revisar para mayor detalle http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html

[3] El Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT en inglés, crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros a este tratado. Al realizarse una única solicitud, se inicia una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una opinión escrita sobre si la invención cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesión de la patente.

[4] OMPI y EPO Patstat, 2013

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La Tercera cita estudio de inserción de investigadores en Chile

El periodista Carlos González Isla de La Tercera reporteó el tema de la inserción laboral de investigadores recientemente titulados con el grado de doctor en Chile, a partir del estudio publicado en la revista Jotmi, del cual quien les escribe es uno de sus dos co-autores.

El reportaje comienza por describir el problema de la inserción en nuestro país, gracias a las cifras incluidas en el estudio "Inserción Laboral de Nuevos Investigadores con Grado de Doctor en Chile", publicado en Noviembre del 2014.

Luego, se enfoca en las trabas que el sistema público tiene para la creación de emprendimientos científicos dentro de las universidades, donde las normas de la Contraloría y el Estatuto Administrativo prohiben los conflictos de interés.

Agrega datos sobre las áreas de estudio de los programas de doctorado en Chile, donde la mayoría no está centrada en áreas de ciencia, tecnología e innovación. Y finaliza con la opinión de Corfo respecto a ese último tema y que a su juicio genera el escaso vínculo que se exhibe hoy la ciencia con la industria.

Fuente de la noticia: La Tercera, 9 de Diciembre 2014.
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/12/659-607915-9-estudio-advierte-que-numero-de-doctorados-se-duplicara-al-2018.shtml

Inserción Laboral de Nuevos Investigadores con Grado de Doctor en Chile

Extracto del artículo publicado en Journal of Technology Management and Innovation (vol.9, no.4) http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/1640

A partir de 2014 y hasta el 2018 más de cuatro mil nuevos investigadores chilenos obtendrán el grado académico de doctor, luego de cumplir sus estudios conducentes a ese título dentro y fuera del territorio nacional. Si consideramos que en la actualidad existen cerca de 4.700 investigadores con grado de doctorado en Chile, según datos del Ministerio de Economía, ocurrirá un fuerte aumento del número de investigadores, produciendo una inusitada oferta de capital humano avanzado, disponible a ingresar al sistema académico y productivo en Chile.

La razón de este explosivo crecimiento se puede encontrar en los distintos programas gubernamentales de formación de capital humano avanzado en Chile. Entre 2005 a 2012, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) ha confirmado, en total, el inicio de estudios de más de 6.200 candidatos a doctorado. Considerando que un estudiante demora alrededor de 6 años en obtener su titulación como doctorado, el sistema nacional de innovación (SNI) ha especulado que en los próximos años se producirá una “avalancha” de nuevos científicos pujando por entrar al mundo laboral. Y la pregunta que ha rondado a los participantes del SNI es si estamos preparados.

A pesar de que la formación de nuevo capital humano avanzado es clave para que el desarrollo social, cultural y económico de las naciones, no existen certezas de que el sistema nacional de innovación chileno posea la capacidad para insertar a estos nuevos investigadores. Los dardos apuntan esencialmente si el mundo académico universitario (principal generador de la investigación científica en Chile) soportará la plena inserción del capital humano que se está formando en la actualidad (y para el cual Conicyt suma un presupuesto anual de 100 mil millones de pesos en la formación e inserción de este capital humano). Al mismo tiempo, la industria no ha logrado posicionarse como un polo suficientemente atractivo para la investigación científica, lo que queda demostrado con los menos de 200 doctorados con jornada completa contratados por el sector empresarial.  

CAMINOS DE INSERCIÓN LABORAL PARA LOS INVESTIGADORES

La inserción laboral es entendida como el proceso en el cual una persona ingresa a un puesto de trabajo estable, luego de un tiempo donde estuvo dedicada a otras actividades no remuneradas. En la mayoría de los casos, la inserción laboral está caracterizada por una competencia desmedida, donde una gran oferta de capital humano postula a una demanda relativamente reducida. En el caso de los investigadores recién titulados de su doctorado, el mercado laboral también es estrecho y, a primera vista, la carrera de investigación es poco atractiva en términos salariales.

Otros obstáculos que impiden la plena inserción de nuevos doctorados son la baja movilidad laboral que presenta el mercado académico, y la difícil tarea de transferir conocimiento desde la investigación básica hacia la tecnología aplicada, que en ocasiones desincentiva al sector privado a realizar su propia I+D.

Por lo tanto, para asegurar la empleabilidad del capital humano avanzado, el Estado debe intervenir con políticas públicas que permitan allanar el camino para que los investigadores logren incorporarse en el mundo laboral, realizando actividades propias a su alto entrenamiento educacional. En consecuencia, la literatura identifica tres vías de inserción laboral de investigadores con grado de doctor: postdoctorado, investigación en la industria y el emprendimiento.

El postdoctorado es una posición temporaria para quien ha completado recientemente sus estudios de doctorado. El objetivo es profundizar la experiencia de investigación en líneas de trabajo previamente abordadas por el investigador, que así le permita adquirir nuevas capacidades y métodos de trabajo. Culminado el postdoctorado se obtiene la calidad de “investigador independiente”, estatus fundamental para alcanzar una posición laboral permanente en la academia y que además le permite postular a fondos públicos para realizar nueva investigación, que por lo general se adjudican en torno a criterios de excelencia y experiencia. Sin esa condición de prestigio, sería muy difícil para los científicos lograr financiamiento público y proseguir sus líneas de investigación.

Por otro lado, el interés que tiene la industria por atraer científicos está dado por los conocimientos de punta en ciencia y tecnología que aportan los doctorados. A través del proceso de investigación aplicada, este conocimiento es capaz de convertirse en propiedad industrial, que otorga ventajas competitivas a la empresa. La mayoría de los países miembros de la OECD han entendido que los investigadores deben insertarse con éxito en la industria. En Finlandia se da la situación que de cada 10 científicos, seis trabajan en empresas; Israel incluso llega a tasas superiores del 80% en este caso. 

En Chile, por el contrario, existe un predilección de los investigadores por buscar empleo en la universidad antes que en el sector productivo, generando un desbalance en el mercado laboral. Por cada investigador presente en la industria existen 12 en la universidad. 

La última vía es el emprendimiento, donde el científico puede optar por llevar personalmente los resultados de su investigación al mercado a través de la creación de una empresa, logrando su inserción en el mundo laboral. No obstante, el emprendimiento científico requiere de varias condiciones para su proliferación, como el involucramiento previo del investigador con la industria, ciertos patrones de productividad científica de parte del investigador, demostración de conceptos y prototipos a mayor escala, para lo que se necesita acceso al capital de riesgo y a potenciales demandantes de tecnología. Por ello, los riesgos e incertidumbres son significativos, lo cual ha motivado a que programas académicos y gubernamentales busquen entrenar y apoyar a los involucrados, con el objetivo de entregarles herramientas de gestión y financieras para transferir el conocimiento científico y tecnológico hacia la sociedad bajo modalidad.

En el caso de Chile, el emprendimiento escasamente figura en la agenda de los investigadores, ya que la mayoría de ellos no tiene como objetivo primordial atender las necesidades del sistema de innovación tecnológica a través del conocimiento aplicado. Por otro lado, el bajo interés de la industria nacional por conectarse con la investigación no permite generar condiciones de mercado que demanden este tipo de servicios.

PELIGRO DE SATURACIÓN

Siguiendo esta línea histórica de desarrollo científico, el Gobierno de Chile a través de Conicyt ha privilegiado mayormente la inserción laboral de los investigadores en actividades académicas. Es así como el número de becas de postdoctorado para investigadores chilenos ha crecido más de cuatro veces en los últimos concursos, sobrepasando los 350 seleccionados al año. Si cruzamos estos datos con los 542 nuevos doctorados que se titularon en 2013 (reportados por el Servicio de Información de Educación Superior), significa que prácticamente existen dos becas de postdoctorado por cada tres nuevos doctorados que se titulan en el mismo año.  Esto escapa a los estándares internacionales comparativos, que indican una tasa de cobertura de un postdoctorado por cada tres nuevos titulados de doctorado, en el mismo año.

Por tanto se puede afirmar que el sistema universitario chileno está llegando a niveles de saturación en cuanto a su capacidad de absorber nuevos investigadores.

Mientras que en la industria, los números de inserción apenas llegan a unas cuantas decenas: 35 nuevos investigadores en 2013, según adjudicación del concurso Conicyt. A esto se agrega el dramático dato de la presencia 0,4 investigadores por cada mil trabajadores en las empresas nacionales, con esto Chile está lejos del promedio OECD de 7,6 en tal sentido. 

Aquello significa un gran desbalance de la presencia de investigadores con grado de doctorado en la universidad, donde el 80% del universo se distribuye en las universidades. Versus el 7% que opta por trabajar en las empresas.

Este factor, entre tanto otros, explica los bajos niveles de innovación que la industria local exhibe en la actualidad, los cuales tienen pocas posibilidades de aumentar dado el nulo interés que las empresas privadas tienen por absorber y utilizar a la investigación para sus labores productivas. Entonces, con el mencionado desbalance en la inserción de investigadores en desmedro del ámbito industrial, se impide generar lazos sólidos entre la empresa privada y la investigación científica, redundando finalmente en una baja contratación de investigadores en el sector productivo. 

Esta feble relación ciencia-empresa debe ser un signo de preocupación para Chile, ya que le impide participar plenamente en la moderna economía del conocimiento. De continuar con esa situación, se corre el riesgo de producir desequilibrios en la producción y resultados de la investigación, enfocados en su gran mayoría a fortalecer el sistema académico y debilitando la eventual transferencia tecnológica hacia la sociedad, mediante procesos de innovación en la industria.

Sin embargo, donde se observa una falencia también hay una oportunidad de crecimiento, debido a la gran cantidad de doctores disponibles que actualmente Chile está formando. ¿Qué ocurrirá con los doctores que no logren insertarse en la academia? A mi juicio, deben ser atraídos por la industria chilena, que urgentemente necesita actualizar su oferta tecnológica. Según los informes de competitividad global del Foro Económico Mundial, Chile muestra una caída sostenida en el ranking de competitividad (bajando del puesto 27 hasta el 33 en la última década), la cual se explica por su pérdida de innovación (en igual período cayó del lugar 32 hasta el 49).

Para atraer más investigadores hacia la industria, es necesario que el Estado diseñe nuevos instrumentos y se sincronice con aquellos programas que han demostrado tener un impacto positivo, con la finalidad de que el sector privado capture y se beneficie del capital humano altamente especializado que va a ingresar al mercado laboral. 

En conclusión, para asumir ese desafío, el sistema nacional de innovación chileno requiere de mayor coordinación para producir inserción laboral de los nuevos investigadores con grado de doctor en la industria y la academia, donde la política pública de I+D+i debe ser una expresión superior articulada, producto de la coordinación y eficiencia entre todos sus participantes. 

Análisis Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales

Desde el 2009, el Parlamento viene discutiendo sobre el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales que protege la propiedad intelectual que colaboran en la creación de nuevas variedades vegetales. La finalidad es modernizar la institucionalidad vigente e igualarla con la firma de tratados internacionales de libre comercio y propiedad intelectual que Chile ha suscrito en los últimos años.

                Esto ha abierto un acalorado debate acerca de la comercialización de los recursos agrarios y silvopecuarios (vitales insumos alimenticios para la población) y la manera en que éstos serán apropiados y convertidos mediante las nuevas tecnologías. Por un lado, está la opinión de los defensores de la libre agricultura, quienes claman por el uso permanente y abierto de las semillas y cultivos que por generaciones las comunidades originarias y los agricultores han utilizado. Además, muestran su legítima preocupación por la presencia de nuevas variedades de alimentos genéticamente modificados (GM) y sus potenciales efectos nocivos en los consumidores. A mi juicio, ambas aseveraciones han desvirtuado el propósito original de este proyecto de ley, que logró, a la primera semana de septiembre 2013, retirar la suma urgencia que tenía la tramitación en el Senado. Por ello, vale la pena hacer un poco de historia para entender cómo se llega a esta situación.

ANTECEDENTES

               En 1994, Chile promulgó la Ley 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales y cuyo objetivo fue alinear la legislación nacional a la situación internacional, adhiriendo definitivamente al acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978. De acuerdo a la ley, un obtentor es la persona (natural o jurídica) que en forma natural o mediante aplicación genética de laboratorio descubre una nueva variedad vegetal. De tal forma, el obtentor obtiene el derecho exclusivo de la producción de esta variedad vegetal, así como su venta, empleo o uso, e incluso la utilización de la misma como planta ornamental.

Esta actividad tiene una gran importancia en el desarrollo agrícola moderno, debido al  gran crecimiento demográfico del último siglo y que no tiene señales de disminuir; por lo que cada vez existe un mayor número de personas que demandan alimentos para su subsistencia. Adicionalmente, deben considerar los efectos del cambio climático, que requieren la explotación racional de los recursos naturales. De este modo, la agricultura no podrá atender esas demandas si no moderniza sus actividades mediante la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente su producción.

                Atendiendo diversos factores fue que desde que el hombre conoció y aplicó las técnicas agrícolas en las antiguas civilizaciones, surgidas en Mesopotamia y posteriormente en Egipto, ha logrado crear variaciones vegetales de forma natural, principalmente a través de la polinización. Este conocimiento ha sido transferido y multiplicado por el resto de la humanidad hasta el día de hoy, con lo cual prácticamente no existen alimentos que sean totalmente “naturales”. Por ejemplo, la frutilla podría ser considerada con total justicia una variedad híbrida o incluso transgénica, pues se obtuvo del cruce accidental de dos especies nativas (una de Virginia, EEUU; y otra de Chile) en un jardín botánico ubicado en Paris a mediados del siglo XIX.

De hecho, el 99,5% de los alimentos que consumimos en la actualidad se han logrado en el cruce de variedades y aquellos donde no fue posible obtenerlos de forma natural se han conseguido a través de procesos “artificiales” (tecnología), como alteraciones químicas, radiación, mutaciones espontáneas mediante la exposición a rayos solares y, últimamente, la biotecnología. Esta última tiene su base en la tecnología que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas, para luego aplicarlas a la agricultura, farmacéutica, medicina e ingeniería de los alimentos, entre otras, a través de técnicas in vitro de ácido nucleico. Aquí se incluye, por supuesto, el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante (ADNr), que luego se inyecta de forma directa en células para fusionarlas y así obtener nuevos organismos celulares. De esta forma, encontramos a la ingeniería genética jugando un rol crítico en el control y transferencia de ADN de un organismo a otro, dando la posibilidad de crear nuevas especies, efectuar “correcciones” genéticas y fabricar nuevos compuestos.

MOTIVOS PARA LA MODIFICACIÓN GENÉTICA

La razón para efectuar estas mutaciones de forma natural e in vitro son para obtener una semilla y/o variedad más resistentes, cambios climáticos, adaptación al tipo de suelo y cadenas logísticas de exportación, pasando también por el sabor, color, tamaño y contextura. Por tanto, se estima que el investigador o agricultor (obtentor) quien logra una mejora dentro de las variedades vegetales ha conseguido una nueva forma de propiedad intelectual. La cual en la mayoría de los países que fomentan el desarrollo científico y tecnológico es merecedora de un premio que otorga la sociedad, transformándola en un derecho patrimonial. Vale decir, este individuo o institución obtiene el reconocimiento exclusivo a hacer uso de ese derecho, mediante la concesión de una “patente”.

Esta situación es clave en el desarrollo económico y social de los países que reconocen la relevancia de proteger la propiedad intelectual del inventor, para que luego éste tenga los derechos de comercialización y explotación; así el investigador tiene los incentivos adecuados para crear, sustentando y promoviendo la investigación, vital en la moderna “economía del conocimiento”.

En el caso de las obtenciones vegetales este derecho está consagrado internacionalmente en la UPOV de 1978, a la cual Chile adhirió el 5 de enero de 1996 y a partir de la cual se promulgó la Ley 19.342. En 1991, la UPOV publicó un acta que se adecúa a los cambios científicos introducidos por la biotecnología, lo que abrió el camino al ingreso de grandes empresas (la más notable Monsanto) en la industria de los alimentos GM. La UPOV de 1991 vino a reemplazar al acta de 1978 y, por tanto, desde 1998 que los nuevos países suscribientes sólo pueden adherir el convenio de 1991.

EE.UU. fue el propulsor de la actualización de la norma internacional. Chile al firmar el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano, en 2004, se comprometió a adoptar la misma legislación internacional; de ahí surge el proyecto de ley de obtentores de semillas y cultivos, el que ingresa al parlamento en enero del 2009. Cabe destacar que la mayoría de los países latinoamericanos solo han adherido al UPOV de 1978, entre los que se cuentan gigantes silvoagropecuarios como Argentina, Brasil, Ecuador y Chile (este último el mayor exportador de fruta fresca de la región).

Para ponerse a tono con el convenio UPOV de 1991, la gran diferencia que incorpora el proyecto de ley (llamado popularmente en Chile Ley Monsanto) es que el titular tiene el derecho exclusivo para producir y comercializar su invención (como es por cierto el derecho de exclusividad que tiene una patente), por lo que exige la autorización del obtentor para la reproducción de las semillas. Esto solo aplica para cultivos y semillas nuevas, creados a partir de la técnica natural o artificial, con el objetivo de establecer un derecho de propiedad sobre esta "creación" a favor del obtentor. De esa forma, se pretende incentivar la generación de variedades nacionales desde la investigación científica, entregando valor agregado a la industria silvoagrepecuaria chilena. Así se pueden generar frutas y verduras más resistentes (sin necesidad de utilizar pesticidas), servir como antígeno a infecciones bacteriales, capacidad de mantener su frescura en cadenas de frío más prolongadas durante la exportación, cultivos con menor necesidad del agua, entre otras oportunidades agrarias y comerciales identificadas.

Según el proyecto de ley, cuando el obtentor confía plenamente en que ha conseguido una nueva variedad de semilla o cultivo lo puede inscribir en el Registro de Variedades Protegidas, en la División de Semillas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura). Aquí es evaluado por el Comité Calificador de Variedades, quienes determinan mediante pruebas y ensayos si la propuesta cumple con los requisitos legales: ser nueva, distinta, homogénea, estable y tener una denominación varietal. De otorgarse la patente por la nueva semilla, el derecho de exclusividad cubre un período de 18 años (árboles y vides) y 15 años (otras especies); no es un derecho a perpetuidad, ni mucho menos es la adquisición de derechos sobre variedades originarias ya conocidas u otras comercializadas. A cambio, el obtentor se compromete a hacer pública la estructura y los componentes genéticos de la semilla, con lo que se abre la puerta a nuevas investigaciones. 

A la fecha, en el Registro de Variedades Protegidas podemos observar la distribución de los países de origen de las variedades inscritas según la legislación nacional vigente: 

Fuente: SAG, 2013

Como podemos apreciar, Chile solo tiene el 4% de las inscripciones en el total de las variedades frutales; el 2% en variedades ornamentales; y 41% en variedades agrícolas. Estos indicadores muestran las fortalezas de la investigación científica de nuestro país en una determinada área y al mismo tiempo las variedades donde Chile podría perder liderazgo debido a la innovación tecnológica que realizan otras naciones.

DISCUSIÓN

               Innumerables voces, entre ellos investigadores con doctorado, se han opuesto al proyecto de ley de obtenciones vegetales, principalmente porque ésta traería desequilibrio entre los obtentores y quienes no posean el derecho a explorar esa semilla nueva. Además, la iniciativa no entrega compensación a los pueblos originarios y campesinos por aportar el material que dio origen a la innovación; establecido en la Convención de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en 1995. Incluso existe el temor de que las grandes corporaciones se apropien de los cultivos originarios y los conviertan en cultivos transgénicos.

A raíz de esta gran presión social es que la iniciativa se ha detenido en varias ocasiones en el Parlamento en los últimos cuatro años. No obstante, a septiembre de 2013 el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, por lo que solo faltaría la votación en el Senado.

Por otro lado, diversos cultivos genéticamente modificados, como la “uva redglobe” han generado millones de dólares en ingresos para el país, mientras que la introducción de cultivos ornamentales en Osorno ha creado nuevo empleos. Al mismo tiempo, los defensores de los alimentos GM esgrimen que podrían ser un elemento crítico dentro de la solución global al problema de alimentación para un población mundial que crece segundo a segundo (en la actualidad existen casi dos mil millones de seres humanos que viven bajo la línea de la pobreza; de los cuales más de la mitad presenta síntomas de desnutrición). Es así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que en las próximas dos generaciones, los hombres consumirán el doble de comida que previamente necesitó toda la historia de la humanidad. ¿Cómo y cuándo se va a producir?

Es ahí donde se requiere la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción y consumo de alimentos. Sin embargo, bajo ese panorama se visualizan escenarios donde las grandes corporaciones controlarán este importante recurso para el desarrollo humano (aunque esto ya es una realidad, pues en Chile las dos grandes cadenas de supermercados ya controlan el 60% del abastecimiento de alimentos y alrededor de una decena de familias son los propietarios del sistema de producción agrícola, pesquero y ganadero del país).

Otra de las dudas que surgen casi espontáneamente: ¿Son los alimentos GM nocivos para las personas? La ciencia no ha encontrado respuestas concluyentes y afirmativas para respaldar tal hipótesis. No obstante y por otro lado, las actuales prácticas de la agricultura provocan un considerable daño al ecosistema a través de los pesticidas (causantes de la mortandad de las abejas) y son ineficientes en el uso del agua.

Se estima que el cultivo de alimentos GM logró reducir en 224 mil MT de pesticidas (entre 1996 y 2005) y 9 mil millones de kilos de CO₂ (2005). Es más, la ciencia ha desarrollado tratamientos médicos en base a productos GM, como la insulina y la vacuna contra el cáncer cervical. El queso y el pan también han sido genéticamente modificados con enzimas y levaduras alteradas desde 1980.

Aun así, es probable que la alimentación GM no tenga todas las respuestas y sea solo un elemento más en la compleja oferta de soluciones que debe surgir para atacar este problema. Pero indudablemente que es una herramienta para lograr una agricultura sustentable y, al mismo tiempo, ansiosa por alcanzar un marco legal adecuado para los tiempos modernos que corren.