Participación de Ley Incentivo Tributario al I+D en inversión total de Investigación y Desarrollo en Chile

Los beneficios tributarios para que empresas y organizaciones privadas desarrollen investigación y desarrollo (I+D), que luego sirve de base para generar nuevos productos y servicios con aplicaciones industriales y comerciales, son instrumentos públicos muy utilizados por los sistemas nacionales de innovación.

Al 2010, más de 20 países miembros de la OECD entregaban algún incentivo fiscal para incorporar y realizar I+D en la industria. Al contrario de los subsidios a los cuales una entidad postula, los incentivos tributarios están abiertos a todos los potenciales productores de I+D en cualquier momento.

La OECD fija a EE.UU., Japón y Canadá como los tres países líderes que más invierten en I+D mediante estos incentivos. Las empresas estadounidenses recibieron U$ 7 mil millones de dólares por esta vía, mientras que Japón superó los U$ 5 mil millones y Canadá los U$ 3 mil millones, según cifras del 2008.

En el caso de Chile, la Ley 20.241 establece un incentivo que rebaja vía impuestos de primera categoría al 35% de los recursos que destinen a actividades de I+D, que puede ser realizada desde sus propias capacidades así como subcontratando a terceros especializados. En tanto que el 65% restante puede ser considerado como gasto necesario para producir la renta. Esto significa que el crédito tributario puede empinarse hasta el 46%, mientras que el tope máximo anual corresponde a 15 mil UTM  (alrededor de US $ 1 millón de dólares).

Según datos de Corfo, Chile certificó $ 33 mil millones de pesos en 2014, que representa unos US $ 58 millones de dólares (según valor promedio del dólar observador de ese mismo año que fue de $ 570). Mientras que para este 2015, se espera que aquella suma aumente a $ 40 mil millones de pesos en proyectos certificados por la entidad (con la salvedad que el valor del dólar observado promedio del 2015 se empina sobre los $ 638, lo que significa casi U$ 69 millones de dólares).

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, reconoció al Diario Financiero (21 de septiembre 2015) que los datos entre 2013 y 2014 son inferiores a períodos anteriores. Adicionalmente, el personero advirtió que las bajas proyecciones de crecimiento para la economía chilena para el 2016 tendrán un impacto negativo en el uso de esta franquicia.

¿CUÁNTO DEBERÍAN CRECER LOS APORTES VÍA LEY I+D?

Mucho se ha escrito y comentado que Chile solo invierte 0,39% del PIB en actividades de I+D, número muy por debajo del promedio OECD del 2,4%. Aún más alarmante es la baja capacidad que tiene el sector privado nacional para producir e involucrarse en I+D, participando con menos de un tercio en esa inversión; mientras que la media OECD indica que la empresa aporta dos tercios de la inversión en I+D.

El desafío que hoy enfrenta Chile es no solo aumentar la inversión total en I+D hasta aproximarse a los estándares OECD, sino que también lograr que la empresa se involucre a una velocidad aún mayor. Para alcanzar esos objetivos, se requiere aplicar una serie de supuestos, que el economista José Miguel Benavente anticipó en el 2008. Por ejemplo: si la meta de Chile es duplicar su inversión en I+D, saltando al 0,8%; la participación de la empresa tiene que crecer tres veces; mientras que si Chile espera acercarse al 2,4% promedio de la OECD, la inversión privada debe aumentar más de cinco veces. De esa manera, el porcentaje de ese sector también se equipara al promedio OECD del 60% (como se observa en la figura 1).

Figura 1: Proyecciones de crecimiento de la inversión en I+D en Chile
para alcanzar el promedio OECD

Si lo que se busca es producir I+D para que luego la industria sea capaz de absorberlo y transferirlo, la Ley I+D es un instrumento de gran potencial pues vincula ambas esferas.

A pesar de que ésta no es la única herramienta de política pública que el Estado de Chile ofrece para potencia esa relación, es un instrumento poderoso pues apalanca por cada peso del sector público otro peso del privado (formato 1+1). 

Al respecto, existen significativos estudios que cuantifican el impacto que puede tener un incentivo tributario en la inversión total del I+D respecto al PIB. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Políticas Públicas VoxEU estimó que para aumentar un punto porcentual de la inversión del I+D respecto al PIB se debe invertir igual cifra en créditos tributarios (Gaillar y Straathof, 2015).

En otras palabras, para que Chile llegue al 1% de inversión en I+D (creciendo del actual 0,39%), utilizando como supuesto solo el crecimiento en proyectos certificados por la Ley I+D, y sin aumentar gasto en otras actividades, ésta debería reportar sobre los $ 800 mil millones de pesos. Esto supondría además que la empresa privada participaría por sobre el 60% del total en la inversión de I+D que realiza Chile respecto a su PIB.

Para que eso ocurra el aporte de la Ley I+D debe crecer 24 veces desde su volumen actual. Algo difícil de suponer bajo las proyecciones de crecimiento para los próximos años, donde la mayoría de las empresas chilenas estarán mucho más preocupadas del día a día que de invertir a largo plazo.

APALANCAMIENTO

El valor adicional que propone la Ley de I+D es que las empresas salgan a buscar capacidades de I+D. Una carencia que el grueso de las compañías chilenas padece y que para lograr deben, a mi juicio, relacionarse con las universidades. Por otra parte, a las universidades nacionales se la ha achacado que produce gran investigación, pero con nulo impacto social y económico, debido precisamente a su baja vinculación con la industria.

De esa manera, se pone a prueba la voluntad de ambas partes por acercarse: la empresa debe entender que la I+D es un proceso lento y a largo plazo, que debe integrarse en sus procesos de innovación con la estructura que eso demanda; y, por su parte, la academia (principal generador de I+D) tiene que adaptarse a las necesidades de la industria, si desea colaborar con ella, formulando una investigación orientada al mercado.

Obviamente que ambos actores deben trabajar en mejorar sus vínculos. En mi opinión, la empresa no puede delegar la gestión de I+D dentro de un departamento de marketing u otro similar, sino que tiene que crear una unidad específica de innovación. Por su parte, la universidad tiene que potenciar y apoyar internamente sus oficinas de transferencia tecnológica. Si el investigador, o incluso el brocker tecnológico, sale a buscar directamente al gerente de finanzas de la empresa (o viceversa), sin el apoyo de intermediarios, va camino al fracaso.

En ambos casos, la creación de infraestructura útil para producir innovación puede convertirse en un motor capaz de levantar nueva inversión en I+D. Las empresas necesitan primero crear áreas especializadas y capaces de absorber I+D. Con estas capacidades instaladas, luego podrá generar su propia investigación, donde se necesita mucho capital humano avanzado, laboratorios que tiendan al escalamiento productivo, marketing y difusión especializado en adopciones tempranas, vigilancia tecnológica, entre otros.

En tanto, que las universidades deben potenciar e impulsar políticas de propiedad intelectual, orientando parte de su I+D hacia resultados aplicados, formando unidades específicas de diseño y prototipado, protegiendo resultados y aplicando metodología de transferencia ágil hacia la industria.

A mi juicio, el componente más importante de esta ecuación es el capital humano. La contratación en ambas partes de investigadores con grado de magister y/o doctorado (becados actualmente por el Estado y quienes carecen de un sistema de inserción adecuado) pueden ser una alternativa potente para convertirse en los líderes, coordinadores y articuladores, que operen como puentes entre los interesados.

La experiencia internacional en los líderes mundiales en I+D+i indica que los agentes de transferencia poseen el grado de PhD y además cuentan con la experiencia significativa en transferencia tecnológica y comercialización de la propiedad intelectual. Situación que se puede replicar en nuestro país.

Si estos especialistas logran agilizar los resultados a la velocidad que demanda la industria y minimizar el riesgo, es posible tener casos de éxito en el mediano plazo, los que servirán de ejemplos para que el ecosistema de innovación comience a adoptar un modelo de transferencia tecnológica particular a las condiciones que Chile presenta hoy.

De esa manera, se puede apalancar recursos de inversión en I+D, acercándose al 1% del PIB. Este esfuerzo conjunto entre gobierno, academia y empresa tiene que ser permanente y entendido como crítico para sortear los ciclos económicos que hoy nos afectan.   

Protección de la Propiedad Intelectual en el Software

La industria de las tecnologías de la información (TI) es uno de los grandes motores del desarrollo tecnológico moderno. Desde funciones de cálculo hasta el modelamiento industrial de una cadena productiva, pasando por aplicaciones en el diseño, comunicaciones, medicina, entretención y gestión de la información, entre otros, la computación ocupa un papel sumamente relevante en la vida diaria de nuestra sociedad.

La TI es un cúmulo de conocimiento científico y tecnológico ocurrido en los últimos 200 años, que esencialmente se expresan en dos áreas: hardware y software. La gran mayoría de nuestras actividades cotidianas del siglo XXI están gestionadas y almacenadas en dispositivos fijos y móviles (hardware), los cuales funcionan con sistemas operativos (software), que a su vez se alimenta de aplicaciones que permiten efectuar tareas específicas (software de menor complejidad que los sistemas operativos).

Los actores de estas áreas de las tecnologías de la información conforman una cadena de valor, en la cual cada participante va aportando un activo único que aporta “valor” al producto o servicio hasta que llega a manos del cliente final. En el caso de la gran industria de la tecnología de la información, los distintos participantes (separados en varias compañías) van construyendo una cadena de valor que acumula gran cantidad de tecnología, como se observa en la figura 1 a continuación.

Figura 1: Componentes del Sistema Informático

Fuente: Diego Díaz, (IECM, 2013)

Como es posible de apreciar, se describe una industria muy intensiva en el desarrollo y explotación de conocimiento conducente a la creación y/o mejoramiento de tecnología, por lo que la gestión y administración de la propiedad intelectual es crítica para sus integrantes. Adquirir los derechos intelectuales de la creación es crucial para una pequeña compañía de software que lucha por ingresar con una propuesta única e innovadora en la mencionada cadena de valor. En muchos casos, los derechos de propiedad intelectual serán los únicos activos con los que esa startup cuenta para competir.

La creación, registro y protección de la propiedad intelectual debe estar incorporada de la forma más robusta posible en el quehacer de la empresa, quien vela por gestionar y administrar estos activos de la manera más eficiente según su estrategia corporativa.

Como ya se mencionó, estas empresas se insertan en una cadena de valor donde el intercambio de información es muy útil para lograr competitividad. Pero al mismo tiempo, participar en una red abierta de colaboración (potenciada por Internet) provee incertidumbres entre los creadores de software, que ven con preocupación como sus proyectos pueden ser utilizados por terceros sin autorización. Frente a esa situación, muchos emprendedores tecnológicos estiman que el “patentamiento” del código fuente del software puede ser la solución, al entregar un derecho exclusivo de monopolio para la explotación y utilización de esa particular creación intelectual.

El pequeño problema estriba en que el código fuente de un software no es sujeto directo de registro de patentamiento, sino que su protección inicial, de acuerdo a la legislación chilena, corresponde al derecho de autor, que es una figura de resguardo distinta. Sin embargo, bajo ciertas condiciones especiales, el software también puede ser protegido mediante una patente, así mismo como otras formas de la propiedad industrial, principalmente marcas.

En consecuencia, el software no está remitido a un solo tipo de protección a la propiedad intelectual, sino que puede obtener un cúmulo de protecciones. La orientación que intenta entregar este documento es cómo proteger legalmente un software dentro del derecho de la propiedad industrial y el derecho de autor. Para ello previamente, debemos realizar un repaso de los tipos de protección en la propiedad intelectual.

¿Qué es la Propiedad Intelectual?

La propiedad intelectual, según la definición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es entendida como toda creación de la mente humana, entre las que se cuentan las invenciones, las obras literarias y artísticas, símbolos, nombres, imágenes, dibujos y modelos.

Los derechos de propiedad intelectual permiten a su dueño y/o creador beneficiarse de su obra, quien invirtió tiempo y capital para obtener un resultado determinado. Este concepto está consignado en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Según la legislación chilena, la propiedad intelectual se divide en tres grandes áreas: derecho de autor, variedades vegetales y propiedad industrial.

Figura 2: Propiedad Intelectual y sus áreas de división

Nota: La propiedad industrial tiene una variedad de formas de
protección, donde la patente de invención y las marcas son solo dos.

En la figura no se mencionan los restantes mecanismos de
protección solo para simplificar su representación.

Derecho de Autor

El derecho de autor protege los derechos que, por el solo hecho de la creación, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión; así como los derechos conexos que ella determina. El derecho de autor tiene efecto inmediato desde el momento en que se crea y difunde una obra. No es necesario realizar un registro en agencias de gobierno, aunque se recomienda hacerlo pues sirve como medio de prueba frente a eventuales infracciones.

De tal forma, el titular tiene la potestad de impedir que terceros copien sin autorización su obra y, a la vez, a controlar el acto de reproducción, ya sea, por ejemplo, en la publicación de un libro por una editorial o la fabricación y distribución de interpretaciones musicales por compañías discográficas.

La Ley 20.435 del año 2010 establece que el derecho de autor tiene una duración por toda la vida del creador y se extiende adicionalmente por 70 años, contados desde la fecha de su fallecimiento. 

En el caso de una persona jurídica, la protección es de 70 años a contar desde la primera publicación.

En 1990, Chile agregó como objetos de protección dentro del derecho de autor a través de la Ley 18.957 a los videogramas, diaporamas y programas computacionales. En 2003, la Ley 19.912 incluyó dentro de los programas computacionales a las compilaciones de datos. Ese mismo año, la Ley 19.914 reguló el derecho exclusivo de arrendamiento de programas computacionales.  

Propiedad Industrial

Por su parte, la propiedad industrial son derechos exclusivos válidos en un territorio, que otorga el Estado para usar o explotar invenciones, modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados, marcas comerciales, indicaciones geográficas, que crean personas naturales o jurídicas.

Una de las formas de protección de propiedad industrial es la patente de invención, la que se otorga al producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo y resuelve de forma novedosa un problema de la técnica. Una patente entrega protección al titular de la invención y se concede por un período limitado de 20 años desde la fecha de solicitud. Una invención debe cumplir con tres condiciones para solicitar su patente: novedad universal, nivel inventivo y aplicación industrial.

Las marcas comerciales son otra forma de protección a la propiedad industrial, que corresponden a signos distintivos que se otorgan para diferenciar productos, servicios, establecimientos industriales y comerciales en el mercado. Las marcas comerciales pueden ser palabras, letras, números, imágenes, fotos, sonidos y formas, así como toda combinación de los anteriores. 

Software como derecho de autor y patente de invención

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define los programas computacionales o informáticos (software) como conjuntos de instrucciones que controlan el funcionamiento de un computador para que éste pueda realizar una tarea específica. En la elaboración del software se encargan uno o más autores y su forma de expresión final solo puede ser entendida directamente por el computador y no por el ser humano.

Como estas instrucciones se expresan de forma escrita, en una secuencia de códigos computacionales, existe la línea de pensamiento jurídico que lo considera como una obra literaria; es decir, derecho de autor. Este es el enfoque predominante en los tratados internacionales[1].

No obstante, el problema que supone clasificarlo como derecho de autor, es que el software no es propiamente tal una expresión literaria, pues las líneas del código no dependen de su “gramática” para ejecutar una orden en el computador. Aquí surge la dicotomía entre la idea y su ejecución; ya que el primer concepto es la base del derecho de autor (una creación “artística” sin aplicación aparente es una idea), mientras que la ejecución es clave para demostrar que la patente de invención resuelve un problema de la técnica.

Precisamente estos problemas han motivado la tendencia de “patentar” software, pues la patente protege la función de la obra. En 1981, EE.UU. permitió patentar un software que controlaba procesos de fabricación. Esta decisión generó la jurisprudencia que ha permitido la solicitud y otorgamiento de una gran cantidad de patentes de invención a softwares. En concordancia, las distintas invenciones de esta área de la técnica suman el 12% de este tipo de patentes en el total de solicitudes de invención en la oficina USPTO de Estados Unidos (Guadamuz, 2008).

Europa siguió este modelo y después de una serie de discusiones, la Oficina Europea de Patentes (EPO) permitió la patentabilidad limitada de invenciones aplicada por computador y que produce un “efecto”. Es decir, si el software genera algún tipo de resultado en el mismo sentido que una invención tangible, se debería conceder la protección. No está demás, decir lo difícil que es para el examinador de patentes pronunciarse en tal sentido[2].

Esa situación ha sido reconocida por la normativa colaborativa internacional, como en el caso del Tratado de Cooperación de Patentes (PCT)[3] que señala: 

“Ninguna Administración encargada de la búsqueda internacional estará obligada a proceder a la búsqueda en relación con una solicitud internacional cuya materia sea una de las siguientes: […] vi) programas de computación, en la medida en que la Administración encargada de la búsqueda internacional no disponga de los medios necesarios para proceder a la búsqueda del estado de la técnica respecto de tales programas” (Regla 39.1).

A pesar de esta última consideración, las tecnologías de la computación tienen el 7,7% del total de solicitudes de patentes en el mundo, durante el año 2013 (ver gráfico 1). Es el porcentaje más alto de las áreas tecnológicas, señaladas por un informe de la OMPI[4]. Esto revela indudablemente la importancia que tiene el desarrollo de las tecnologías computacionales en el mercado mundial.

Gráfico 1: Solicitud de Patentes en el Mundo por área de tecnología en 2013

Fuente: OMPI y EPO, 2013
Nota: Tecnología de la Computación es una
sub-área de Ingeniería Eléctrica

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[1] Artículo 4 del Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT), el artículo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio y el artículo 1 de la Directiva (91/250/CEE) del Consejo Europeo sobre la protección jurídica de programas de computación equiparan el software con las obras literarias, protegidas por el derecho de autor.

[2] Revisar para mayor detalle http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html

[3] El Tratado de Cooperación en materia de patentes, conocido generalmente como PCT en inglés, crea un procedimiento único de solicitud de patentes para proteger las invenciones en todos los países miembros a este tratado. Al realizarse una única solicitud, se inicia una única búsqueda internacional válida para todos los países, junto con una opinión escrita sobre si la invención cumple los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial que se exigen para la concesión de la patente.

[4] OMPI y EPO Patstat, 2013

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La Tercera cita estudio de inserción de investigadores en Chile

El periodista Carlos González Isla de La Tercera reporteó el tema de la inserción laboral de investigadores recientemente titulados con el grado de doctor en Chile, a partir del estudio publicado en la revista Jotmi, del cual quien les escribe es uno de sus dos co-autores.

El reportaje comienza por describir el problema de la inserción en nuestro país, gracias a las cifras incluidas en el estudio "Inserción Laboral de Nuevos Investigadores con Grado de Doctor en Chile", publicado en Noviembre del 2014.

Luego, se enfoca en las trabas que el sistema público tiene para la creación de emprendimientos científicos dentro de las universidades, donde las normas de la Contraloría y el Estatuto Administrativo prohiben los conflictos de interés.

Agrega datos sobre las áreas de estudio de los programas de doctorado en Chile, donde la mayoría no está centrada en áreas de ciencia, tecnología e innovación. Y finaliza con la opinión de Corfo respecto a ese último tema y que a su juicio genera el escaso vínculo que se exhibe hoy la ciencia con la industria.

Fuente de la noticia: La Tercera, 9 de Diciembre 2014.
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2014/12/659-607915-9-estudio-advierte-que-numero-de-doctorados-se-duplicara-al-2018.shtml

Inserción Laboral de Nuevos Investigadores con Grado de Doctor en Chile

Extracto del artículo publicado en Journal of Technology Management and Innovation (vol.9, no.4) http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/1640

A partir de 2014 y hasta el 2018 más de cuatro mil nuevos investigadores chilenos obtendrán el grado académico de doctor, luego de cumplir sus estudios conducentes a ese título dentro y fuera del territorio nacional. Si consideramos que en la actualidad existen cerca de 4.700 investigadores con grado de doctorado en Chile, según datos del Ministerio de Economía, ocurrirá un fuerte aumento del número de investigadores, produciendo una inusitada oferta de capital humano avanzado, disponible a ingresar al sistema académico y productivo en Chile.

La razón de este explosivo crecimiento se puede encontrar en los distintos programas gubernamentales de formación de capital humano avanzado en Chile. Entre 2005 a 2012, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt) ha confirmado, en total, el inicio de estudios de más de 6.200 candidatos a doctorado. Considerando que un estudiante demora alrededor de 6 años en obtener su titulación como doctorado, el sistema nacional de innovación (SNI) ha especulado que en los próximos años se producirá una “avalancha” de nuevos científicos pujando por entrar al mundo laboral. Y la pregunta que ha rondado a los participantes del SNI es si estamos preparados.

A pesar de que la formación de nuevo capital humano avanzado es clave para que el desarrollo social, cultural y económico de las naciones, no existen certezas de que el sistema nacional de innovación chileno posea la capacidad para insertar a estos nuevos investigadores. Los dardos apuntan esencialmente si el mundo académico universitario (principal generador de la investigación científica en Chile) soportará la plena inserción del capital humano que se está formando en la actualidad (y para el cual Conicyt suma un presupuesto anual de 100 mil millones de pesos en la formación e inserción de este capital humano). Al mismo tiempo, la industria no ha logrado posicionarse como un polo suficientemente atractivo para la investigación científica, lo que queda demostrado con los menos de 200 doctorados con jornada completa contratados por el sector empresarial.  

CAMINOS DE INSERCIÓN LABORAL PARA LOS INVESTIGADORES

La inserción laboral es entendida como el proceso en el cual una persona ingresa a un puesto de trabajo estable, luego de un tiempo donde estuvo dedicada a otras actividades no remuneradas. En la mayoría de los casos, la inserción laboral está caracterizada por una competencia desmedida, donde una gran oferta de capital humano postula a una demanda relativamente reducida. En el caso de los investigadores recién titulados de su doctorado, el mercado laboral también es estrecho y, a primera vista, la carrera de investigación es poco atractiva en términos salariales.

Otros obstáculos que impiden la plena inserción de nuevos doctorados son la baja movilidad laboral que presenta el mercado académico, y la difícil tarea de transferir conocimiento desde la investigación básica hacia la tecnología aplicada, que en ocasiones desincentiva al sector privado a realizar su propia I+D.

Por lo tanto, para asegurar la empleabilidad del capital humano avanzado, el Estado debe intervenir con políticas públicas que permitan allanar el camino para que los investigadores logren incorporarse en el mundo laboral, realizando actividades propias a su alto entrenamiento educacional. En consecuencia, la literatura identifica tres vías de inserción laboral de investigadores con grado de doctor: postdoctorado, investigación en la industria y el emprendimiento.

El postdoctorado es una posición temporaria para quien ha completado recientemente sus estudios de doctorado. El objetivo es profundizar la experiencia de investigación en líneas de trabajo previamente abordadas por el investigador, que así le permita adquirir nuevas capacidades y métodos de trabajo. Culminado el postdoctorado se obtiene la calidad de “investigador independiente”, estatus fundamental para alcanzar una posición laboral permanente en la academia y que además le permite postular a fondos públicos para realizar nueva investigación, que por lo general se adjudican en torno a criterios de excelencia y experiencia. Sin esa condición de prestigio, sería muy difícil para los científicos lograr financiamiento público y proseguir sus líneas de investigación.

Por otro lado, el interés que tiene la industria por atraer científicos está dado por los conocimientos de punta en ciencia y tecnología que aportan los doctorados. A través del proceso de investigación aplicada, este conocimiento es capaz de convertirse en propiedad industrial, que otorga ventajas competitivas a la empresa. La mayoría de los países miembros de la OECD han entendido que los investigadores deben insertarse con éxito en la industria. En Finlandia se da la situación que de cada 10 científicos, seis trabajan en empresas; Israel incluso llega a tasas superiores del 80% en este caso. 

En Chile, por el contrario, existe un predilección de los investigadores por buscar empleo en la universidad antes que en el sector productivo, generando un desbalance en el mercado laboral. Por cada investigador presente en la industria existen 12 en la universidad. 

La última vía es el emprendimiento, donde el científico puede optar por llevar personalmente los resultados de su investigación al mercado a través de la creación de una empresa, logrando su inserción en el mundo laboral. No obstante, el emprendimiento científico requiere de varias condiciones para su proliferación, como el involucramiento previo del investigador con la industria, ciertos patrones de productividad científica de parte del investigador, demostración de conceptos y prototipos a mayor escala, para lo que se necesita acceso al capital de riesgo y a potenciales demandantes de tecnología. Por ello, los riesgos e incertidumbres son significativos, lo cual ha motivado a que programas académicos y gubernamentales busquen entrenar y apoyar a los involucrados, con el objetivo de entregarles herramientas de gestión y financieras para transferir el conocimiento científico y tecnológico hacia la sociedad bajo modalidad.

En el caso de Chile, el emprendimiento escasamente figura en la agenda de los investigadores, ya que la mayoría de ellos no tiene como objetivo primordial atender las necesidades del sistema de innovación tecnológica a través del conocimiento aplicado. Por otro lado, el bajo interés de la industria nacional por conectarse con la investigación no permite generar condiciones de mercado que demanden este tipo de servicios.

PELIGRO DE SATURACIÓN

Siguiendo esta línea histórica de desarrollo científico, el Gobierno de Chile a través de Conicyt ha privilegiado mayormente la inserción laboral de los investigadores en actividades académicas. Es así como el número de becas de postdoctorado para investigadores chilenos ha crecido más de cuatro veces en los últimos concursos, sobrepasando los 350 seleccionados al año. Si cruzamos estos datos con los 542 nuevos doctorados que se titularon en 2013 (reportados por el Servicio de Información de Educación Superior), significa que prácticamente existen dos becas de postdoctorado por cada tres nuevos doctorados que se titulan en el mismo año.  Esto escapa a los estándares internacionales comparativos, que indican una tasa de cobertura de un postdoctorado por cada tres nuevos titulados de doctorado, en el mismo año.

Por tanto se puede afirmar que el sistema universitario chileno está llegando a niveles de saturación en cuanto a su capacidad de absorber nuevos investigadores.

Mientras que en la industria, los números de inserción apenas llegan a unas cuantas decenas: 35 nuevos investigadores en 2013, según adjudicación del concurso Conicyt. A esto se agrega el dramático dato de la presencia 0,4 investigadores por cada mil trabajadores en las empresas nacionales, con esto Chile está lejos del promedio OECD de 7,6 en tal sentido. 

Aquello significa un gran desbalance de la presencia de investigadores con grado de doctorado en la universidad, donde el 80% del universo se distribuye en las universidades. Versus el 7% que opta por trabajar en las empresas.

Este factor, entre tanto otros, explica los bajos niveles de innovación que la industria local exhibe en la actualidad, los cuales tienen pocas posibilidades de aumentar dado el nulo interés que las empresas privadas tienen por absorber y utilizar a la investigación para sus labores productivas. Entonces, con el mencionado desbalance en la inserción de investigadores en desmedro del ámbito industrial, se impide generar lazos sólidos entre la empresa privada y la investigación científica, redundando finalmente en una baja contratación de investigadores en el sector productivo. 

Esta feble relación ciencia-empresa debe ser un signo de preocupación para Chile, ya que le impide participar plenamente en la moderna economía del conocimiento. De continuar con esa situación, se corre el riesgo de producir desequilibrios en la producción y resultados de la investigación, enfocados en su gran mayoría a fortalecer el sistema académico y debilitando la eventual transferencia tecnológica hacia la sociedad, mediante procesos de innovación en la industria.

Sin embargo, donde se observa una falencia también hay una oportunidad de crecimiento, debido a la gran cantidad de doctores disponibles que actualmente Chile está formando. ¿Qué ocurrirá con los doctores que no logren insertarse en la academia? A mi juicio, deben ser atraídos por la industria chilena, que urgentemente necesita actualizar su oferta tecnológica. Según los informes de competitividad global del Foro Económico Mundial, Chile muestra una caída sostenida en el ranking de competitividad (bajando del puesto 27 hasta el 33 en la última década), la cual se explica por su pérdida de innovación (en igual período cayó del lugar 32 hasta el 49).

Para atraer más investigadores hacia la industria, es necesario que el Estado diseñe nuevos instrumentos y se sincronice con aquellos programas que han demostrado tener un impacto positivo, con la finalidad de que el sector privado capture y se beneficie del capital humano altamente especializado que va a ingresar al mercado laboral. 

En conclusión, para asumir ese desafío, el sistema nacional de innovación chileno requiere de mayor coordinación para producir inserción laboral de los nuevos investigadores con grado de doctor en la industria y la academia, donde la política pública de I+D+i debe ser una expresión superior articulada, producto de la coordinación y eficiencia entre todos sus participantes. 

Análisis Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales

Desde el 2009, el Parlamento viene discutiendo sobre el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales que protege la propiedad intelectual que colaboran en la creación de nuevas variedades vegetales. La finalidad es modernizar la institucionalidad vigente e igualarla con la firma de tratados internacionales de libre comercio y propiedad intelectual que Chile ha suscrito en los últimos años.

                Esto ha abierto un acalorado debate acerca de la comercialización de los recursos agrarios y silvopecuarios (vitales insumos alimenticios para la población) y la manera en que éstos serán apropiados y convertidos mediante las nuevas tecnologías. Por un lado, está la opinión de los defensores de la libre agricultura, quienes claman por el uso permanente y abierto de las semillas y cultivos que por generaciones las comunidades originarias y los agricultores han utilizado. Además, muestran su legítima preocupación por la presencia de nuevas variedades de alimentos genéticamente modificados (GM) y sus potenciales efectos nocivos en los consumidores. A mi juicio, ambas aseveraciones han desvirtuado el propósito original de este proyecto de ley, que logró, a la primera semana de septiembre 2013, retirar la suma urgencia que tenía la tramitación en el Senado. Por ello, vale la pena hacer un poco de historia para entender cómo se llega a esta situación.

ANTECEDENTES

               En 1994, Chile promulgó la Ley 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales y cuyo objetivo fue alinear la legislación nacional a la situación internacional, adhiriendo definitivamente al acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978. De acuerdo a la ley, un obtentor es la persona (natural o jurídica) que en forma natural o mediante aplicación genética de laboratorio descubre una nueva variedad vegetal. De tal forma, el obtentor obtiene el derecho exclusivo de la producción de esta variedad vegetal, así como su venta, empleo o uso, e incluso la utilización de la misma como planta ornamental.

Esta actividad tiene una gran importancia en el desarrollo agrícola moderno, debido al  gran crecimiento demográfico del último siglo y que no tiene señales de disminuir; por lo que cada vez existe un mayor número de personas que demandan alimentos para su subsistencia. Adicionalmente, deben considerar los efectos del cambio climático, que requieren la explotación racional de los recursos naturales. De este modo, la agricultura no podrá atender esas demandas si no moderniza sus actividades mediante la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente su producción.

                Atendiendo diversos factores fue que desde que el hombre conoció y aplicó las técnicas agrícolas en las antiguas civilizaciones, surgidas en Mesopotamia y posteriormente en Egipto, ha logrado crear variaciones vegetales de forma natural, principalmente a través de la polinización. Este conocimiento ha sido transferido y multiplicado por el resto de la humanidad hasta el día de hoy, con lo cual prácticamente no existen alimentos que sean totalmente “naturales”. Por ejemplo, la frutilla podría ser considerada con total justicia una variedad híbrida o incluso transgénica, pues se obtuvo del cruce accidental de dos especies nativas (una de Virginia, EEUU; y otra de Chile) en un jardín botánico ubicado en Paris a mediados del siglo XIX.

De hecho, el 99,5% de los alimentos que consumimos en la actualidad se han logrado en el cruce de variedades y aquellos donde no fue posible obtenerlos de forma natural se han conseguido a través de procesos “artificiales” (tecnología), como alteraciones químicas, radiación, mutaciones espontáneas mediante la exposición a rayos solares y, últimamente, la biotecnología. Esta última tiene su base en la tecnología que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas, para luego aplicarlas a la agricultura, farmacéutica, medicina e ingeniería de los alimentos, entre otras, a través de técnicas in vitro de ácido nucleico. Aquí se incluye, por supuesto, el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante (ADNr), que luego se inyecta de forma directa en células para fusionarlas y así obtener nuevos organismos celulares. De esta forma, encontramos a la ingeniería genética jugando un rol crítico en el control y transferencia de ADN de un organismo a otro, dando la posibilidad de crear nuevas especies, efectuar “correcciones” genéticas y fabricar nuevos compuestos.

MOTIVOS PARA LA MODIFICACIÓN GENÉTICA

La razón para efectuar estas mutaciones de forma natural e in vitro son para obtener una semilla y/o variedad más resistentes, cambios climáticos, adaptación al tipo de suelo y cadenas logísticas de exportación, pasando también por el sabor, color, tamaño y contextura. Por tanto, se estima que el investigador o agricultor (obtentor) quien logra una mejora dentro de las variedades vegetales ha conseguido una nueva forma de propiedad intelectual. La cual en la mayoría de los países que fomentan el desarrollo científico y tecnológico es merecedora de un premio que otorga la sociedad, transformándola en un derecho patrimonial. Vale decir, este individuo o institución obtiene el reconocimiento exclusivo a hacer uso de ese derecho, mediante la concesión de una “patente”.

Esta situación es clave en el desarrollo económico y social de los países que reconocen la relevancia de proteger la propiedad intelectual del inventor, para que luego éste tenga los derechos de comercialización y explotación; así el investigador tiene los incentivos adecuados para crear, sustentando y promoviendo la investigación, vital en la moderna “economía del conocimiento”.

En el caso de las obtenciones vegetales este derecho está consagrado internacionalmente en la UPOV de 1978, a la cual Chile adhirió el 5 de enero de 1996 y a partir de la cual se promulgó la Ley 19.342. En 1991, la UPOV publicó un acta que se adecúa a los cambios científicos introducidos por la biotecnología, lo que abrió el camino al ingreso de grandes empresas (la más notable Monsanto) en la industria de los alimentos GM. La UPOV de 1991 vino a reemplazar al acta de 1978 y, por tanto, desde 1998 que los nuevos países suscribientes sólo pueden adherir el convenio de 1991.

EE.UU. fue el propulsor de la actualización de la norma internacional. Chile al firmar el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano, en 2004, se comprometió a adoptar la misma legislación internacional; de ahí surge el proyecto de ley de obtentores de semillas y cultivos, el que ingresa al parlamento en enero del 2009. Cabe destacar que la mayoría de los países latinoamericanos solo han adherido al UPOV de 1978, entre los que se cuentan gigantes silvoagropecuarios como Argentina, Brasil, Ecuador y Chile (este último el mayor exportador de fruta fresca de la región).

Para ponerse a tono con el convenio UPOV de 1991, la gran diferencia que incorpora el proyecto de ley (llamado popularmente en Chile Ley Monsanto) es que el titular tiene el derecho exclusivo para producir y comercializar su invención (como es por cierto el derecho de exclusividad que tiene una patente), por lo que exige la autorización del obtentor para la reproducción de las semillas. Esto solo aplica para cultivos y semillas nuevas, creados a partir de la técnica natural o artificial, con el objetivo de establecer un derecho de propiedad sobre esta "creación" a favor del obtentor. De esa forma, se pretende incentivar la generación de variedades nacionales desde la investigación científica, entregando valor agregado a la industria silvoagrepecuaria chilena. Así se pueden generar frutas y verduras más resistentes (sin necesidad de utilizar pesticidas), servir como antígeno a infecciones bacteriales, capacidad de mantener su frescura en cadenas de frío más prolongadas durante la exportación, cultivos con menor necesidad del agua, entre otras oportunidades agrarias y comerciales identificadas.

Según el proyecto de ley, cuando el obtentor confía plenamente en que ha conseguido una nueva variedad de semilla o cultivo lo puede inscribir en el Registro de Variedades Protegidas, en la División de Semillas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura). Aquí es evaluado por el Comité Calificador de Variedades, quienes determinan mediante pruebas y ensayos si la propuesta cumple con los requisitos legales: ser nueva, distinta, homogénea, estable y tener una denominación varietal. De otorgarse la patente por la nueva semilla, el derecho de exclusividad cubre un período de 18 años (árboles y vides) y 15 años (otras especies); no es un derecho a perpetuidad, ni mucho menos es la adquisición de derechos sobre variedades originarias ya conocidas u otras comercializadas. A cambio, el obtentor se compromete a hacer pública la estructura y los componentes genéticos de la semilla, con lo que se abre la puerta a nuevas investigaciones. 

A la fecha, en el Registro de Variedades Protegidas podemos observar la distribución de los países de origen de las variedades inscritas según la legislación nacional vigente: 

Fuente: SAG, 2013

Como podemos apreciar, Chile solo tiene el 4% de las inscripciones en el total de las variedades frutales; el 2% en variedades ornamentales; y 41% en variedades agrícolas. Estos indicadores muestran las fortalezas de la investigación científica de nuestro país en una determinada área y al mismo tiempo las variedades donde Chile podría perder liderazgo debido a la innovación tecnológica que realizan otras naciones.

DISCUSIÓN

               Innumerables voces, entre ellos investigadores con doctorado, se han opuesto al proyecto de ley de obtenciones vegetales, principalmente porque ésta traería desequilibrio entre los obtentores y quienes no posean el derecho a explorar esa semilla nueva. Además, la iniciativa no entrega compensación a los pueblos originarios y campesinos por aportar el material que dio origen a la innovación; establecido en la Convención de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en 1995. Incluso existe el temor de que las grandes corporaciones se apropien de los cultivos originarios y los conviertan en cultivos transgénicos.

A raíz de esta gran presión social es que la iniciativa se ha detenido en varias ocasiones en el Parlamento en los últimos cuatro años. No obstante, a septiembre de 2013 el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, por lo que solo faltaría la votación en el Senado.

Por otro lado, diversos cultivos genéticamente modificados, como la “uva redglobe” han generado millones de dólares en ingresos para el país, mientras que la introducción de cultivos ornamentales en Osorno ha creado nuevo empleos. Al mismo tiempo, los defensores de los alimentos GM esgrimen que podrían ser un elemento crítico dentro de la solución global al problema de alimentación para un población mundial que crece segundo a segundo (en la actualidad existen casi dos mil millones de seres humanos que viven bajo la línea de la pobreza; de los cuales más de la mitad presenta síntomas de desnutrición). Es así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que en las próximas dos generaciones, los hombres consumirán el doble de comida que previamente necesitó toda la historia de la humanidad. ¿Cómo y cuándo se va a producir?

Es ahí donde se requiere la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción y consumo de alimentos. Sin embargo, bajo ese panorama se visualizan escenarios donde las grandes corporaciones controlarán este importante recurso para el desarrollo humano (aunque esto ya es una realidad, pues en Chile las dos grandes cadenas de supermercados ya controlan el 60% del abastecimiento de alimentos y alrededor de una decena de familias son los propietarios del sistema de producción agrícola, pesquero y ganadero del país).

Otra de las dudas que surgen casi espontáneamente: ¿Son los alimentos GM nocivos para las personas? La ciencia no ha encontrado respuestas concluyentes y afirmativas para respaldar tal hipótesis. No obstante y por otro lado, las actuales prácticas de la agricultura provocan un considerable daño al ecosistema a través de los pesticidas (causantes de la mortandad de las abejas) y son ineficientes en el uso del agua.

Se estima que el cultivo de alimentos GM logró reducir en 224 mil MT de pesticidas (entre 1996 y 2005) y 9 mil millones de kilos de CO₂ (2005). Es más, la ciencia ha desarrollado tratamientos médicos en base a productos GM, como la insulina y la vacuna contra el cáncer cervical. El queso y el pan también han sido genéticamente modificados con enzimas y levaduras alteradas desde 1980.

Aun así, es probable que la alimentación GM no tenga todas las respuestas y sea solo un elemento más en la compleja oferta de soluciones que debe surgir para atacar este problema. Pero indudablemente que es una herramienta para lograr una agricultura sustentable y, al mismo tiempo, ansiosa por alcanzar un marco legal adecuado para los tiempos modernos que corren. 

¿Debe una empresa privada realizar ciencia básica?

La creciente competitividad de la economía moderna ha llevado a la empresa privada a buscar nuevas estrategias en la forma que hacen negocios. A pesar de que la investigación es elusiva y difícil de entender por las firmas comerciales, un número significativo de compañías han dirigido su atención hacia la ciencia para así obtener ideas frescas, que puedan contribuir al nacimiento de nuevos productos. Brevemente, podemos decir que la ciencia de base es el nuevo entendimiento que se genera en el proceso de "descubrir"; no tiene fines prácticos inmediatos y lo que pretende es aumentar el conocimiento acerca de los principios esenciales de la naturaleza o la realidad. Éste surge de la preocupación que tiene el científico por entender y explicar un fenómeno. Bajo esta lógica, las empresas solo se involucran si la ciencia es capaz de ofrecer un valor práctico y aplicable para un producto, servicio y/o proceso. No obstante, las predicciones que determinan si una investigación de base podría derivar en una innovación es extremadamente difícil, por lo que la interacción entre ciencia y empresa nunca es fácil de lograr.

La mayoría de las industrias que subsisten gracias a la innovación, como la farmacéutica o la electrónica, consolidan vínculos con departamentos científicos de universidades, con el objetivo de descubrir la cura contra el cáncer o bien una forma más eficiente de capturar la energía solar. Incluso, los gobiernos ponen incentivos y fomentan este vínculo, pero el proceso de entendimiento entre ambos presenta igualmente una serie de obstáculos, relacionadas con metas y sincronía, que ambos sectores poseen. Por un lado, los centros y grupos de investigación académicos buscan un descubrimiento científico, que pueda ser agregado a la torre del conocimiento, en un proceso que fácilmente puede tomar años. Mientras que las empresas necesitan resultados inmediatos en sus procesos de comercialización. Estas características derivan en culturas distintas, que acrecientan la brecha y hacen más compleja la vinculación.

Aquello ha cambiado en la presente sociedad del conocimiento, donde el intercambio de información es crucial para afrontar nuevos desafíos, por lo que las organizaciones que no tienen la capacidad (o voluntad) de colaborar, sufrirán las consecuencias. Así firmas que no buscan soluciones en los laboratorios están limitadas a unas pocas alternativas y enclaustradas en lo que pueden hacer en vez de aspirar a lo que quieren ser.

Es por ello, que la empresa privada debería "conversar" con la ciencia básica, para así alcanzar un portafolio de productos con fuerte valor agregado y difícil de imitar por la competencia. En tal sentido, la empresa desarrolla nuevas capacidades que le permiten mejorar su análisis para identificar valor en componentes que están fuera de su alcance. Esto es de particular importancia cuando el nuevo conocimiento es difícil de encontrar y precisamente no está disponible en las transacciones de mercado.

De igual manera, las compañías deben entender la esencia de sus negocios y mercados; lo cual unido a su adquirido conocimiento científico le permite discriminar si un descubrimiento en ciencia tiene el potencial para transformarse en un impacto comercial. Se produce, así, un "sexto sentido" para determinar valor donde antes no lo había o simplemente no se entendía.

En este contexto del desarrollo de nuevos productos, la absorción del conocimiento externo dependerá de las motivación y habilidad de la empresa para adquirirla. Por tanto, aquéllas con las capacidades adecuadas tendrán mejores perspectivas de sacar ventajas de las oportunidades que nacen de la ciencia.

Singapur: Potencial modelo para la inserción de investigadores en Chile

Singapur es una pequeña isla de 707 kilómetros cuadrados, ubicada en el extremo sur de la península de Malasia. Con poco más de 4,5 millones de habitantes, ha sido un ejemplo de cómo implementar un camino hacia el desarrollo. En 1964, año de su independencia de la Federación de Malasia, Singapur tenía un ingreso per capita de U$ 438. Diez años después había aumentado por encima de $ 1.000. A comienzos de la década de 1990, ya superaba los U$ 10.000 y de ahí comenzaba un vertiginoso ascenso hasta superar los U$ 39.000 que hoy exhibe. Un auténtico tigre.

Singapur no posee grandes reservas de recursos naturales ni un significativo mercado interno, por lo que inmediatamente surge la pregunta: ¿Cómo fue capaz de lograrlo? Y la respuesta suena sencilla: Realizando profundas transformaciones al sector productivo, que se apoyó en una base científica y tecnológica para crear nuevos negocios. De esa forma, el país tomó la decisión de copar nichos de alta tecnología para generar una ventaja competitiva de conocimiento, donde ningún otro tuviera una posición dominante. Así el Gobierno inició la creación de centros de I+D en áreas designadas, la más notable en biomedicina, seguida por tecnologías de la información y energía; a medida que la investigación se acercaba a resultados aplicados se iban fundando empresas en base a ese conocimiento.



Para desarrollar tamaña capacidad de producción de ciencia básica y luego realizar transferencia tecnológica con aplicaciones en la industria, Singapur reconoció que necesitaba un número acorde de investigadores. Por lo que tuvo que "forzar" a las universidades públicas a aventurarse en la ciencia al borde del conocimiento, es decir explorar lo inexplorado y buscar nuevas respuestas a problemas recientes. Para ello hubo de ampliar los programas de doctorado (que es, básicamente, la formación de científicos) y además importar (atraer) investigadores desde el extranjero; situación que se mantiene hasta la actualidad. Como resultado de esta política pública, Singapur se ubicó en el tercer puesto del Índice Mundial de Innovación en 2012, solo por detrás de Suiza y Suecia.

¿Qué puede aprender Chile de esta experiencia? En términos de formación de capital humano, Chile está formando una cantidad histórica de doctores a través de becas en universidades nacionales y extranjeras. Se estima que en promedio a partir del 2013 y durante los próximos años, el país producirá anualmente 700 investigadores con el grado académico de doctor. Si consideramos que en la actualidad existen 4 mil doctores en Chile, para el 2018 se habrá duplicado su número.

La inquietud surge en la manera que estos doctores aportarán al desarrollo de nuestro país. Esta discusión que debe darse obviamente desde la forma en que producen y trabajan en actividades propias de su alta formación. Vale decir, si Chile está formando con fondos públicos, un investigador en física nuclear en Alemania o Concepción, el objetivo es que se inserte laboralmente en su área de estudio. La pregunta es casi obvia: ¿Tiene Chile la capacidad para absorber este capital humano avanzado? Para responder esa interrogante, vale la pena detenerse a analizar el caso de Singapur y cómo consigue insertar anualmente nuevas oleadas de investigadores.

Singapur hoy cuenta con 28 mil investigadores indistintamente de su grado académico (Chile con el triple de población apenas tiene 9 mil) y para albergar parte de este personal, el Gobierno asiático tiene 20 instituciones de investigación, que alojan a más de 2 mil 500 científicos (en el mismo caso, Chile posee poco más de mil). Una vez que un estudiante se titula como doctor tiene varias opciones en Singapur: postular a una beca de postdoctorado, que le permitirá seguir en la investigación básica y así a futuro convertirse en académico universitario estable; postular a un trabajo como investigador en el sector privado, donde seguramente optará a un puesto en ciencia aplicada; o bien realizar un internado en un centro de investigación, donde al cabo de dos años podrá tomar una decisión respecto a su carrera profesional, sistema bajo el cual tiene prácticamente asegurado un puesto laboral.

El postdoctorado es un instrumento clave para insertar nuevos investigadores dentro en la investigación pura (esta última actividad es muy importante para luego crear aplicaciones para la vida diaria; además la ciencia básica permite cambiar paradigmas en la sociedad, pensemos como ejemplo en la Teoría de la Relatividad de Einstein). Así, a medida que el personal va adquiriendo experiencia en sus etapas postdoctorales, es atraído por la industria a sus propios centros de I+D. Los incentivos para mantener este segmento profesional dentro de los laboratorios públicos son deliberadamente más bajos, comparados con los sueldos y beneficios de la industria, para de esa forma promover la movilidad laboral hacia el sector productivo y generar beneficios económicos. En ese contexto, las universidades y centros de I+D están preparados para “perder” investigadores regularmente a manos de la industria. Entonces, para mantener y luego incrementar el número de investigadores, las universidades y los centros vuelven a reclutar talento nacional y extranjero.
Igualmente, la presencia de empresas con sus propios departamentos de I+D es un factor trascendente en las políticas de inserción de investigadores en Singapur. Por esa razón, el Gobierno ha promovido una estrategia de atracción de compañías extranjeras así como la formación de start-ups locales, con base científica y tecnológica. Por su parte, el sector privado tiene un interés reciproco atrayendo el talento disponible, capaz de agregar valor y competitividad a sus empresas.

Entre los esperados efectos positivos que los PhD aportan a las compañías privadas se encuentran los conocimientos de punta en ciencia y tecnología. A través del proceso industrial aplicado, este conocimiento es capaz de convertirse en propiedad intelectual que otorga ventajas a la empresa, como son las patentes. Además, la inserción del doctor en la industria empuja a la conformación de redes con el resto de la comunidad científica. De esa forma, los doctores otorgan canales de conocimiento crítico para la firma privada, que en algunos casos son determinantes para su posición competitiva. A pesar de los beneficios que los investigadores aportan a la industria, la relación entre ambos no es fluida.

Uno de los vehículos utilizados en Singapur para conectar la ciencia básica con la transferencia tecnológica y posterior comercialización, son los parques y consorcios tecnológicos, donde de paso se define el rol gubernamental en el desarrollo de la ciencia y su promoción en la aplicación industrial. Así, se propicia un contexto de colaboración que provoca movilidad laboral de los investigadores desde la academia hacia el sector productivo.

De igual forma, la industria se va alimentando de esta sinergia con la investigación científica, para luego generar innovación; esfuerzo en el que necesita una significativa capacidad para crear su propia I+D o bien transferirla desde fuentes externas. Por tanto, estas actividades requieren que la empresa tenga su propio personal de I+D. Es así, como la industria constantemente atrae investigadores desde la academia para incorporarlos en sus organizaciones.

Chile no ha logrado construir un sistema equivalente, lo cual se demuestra en la baja inserción de investigadores en la industria y el aporte que hace el sector privado al gasto total de I+D (41% en Chile; comparado con más del 60% del promedio OECD). Aunque Chile presenta una aceptable producción de artículos científicos, las exportaciones de bienes manufacturados de alta tecnología son casi inexistentes, como asimismo el escaso licenciamiento que realizan extranjeros por patentes y tecnologías desarrolladas por investigadores chilenos.

Por tanto, la inserción laboral de investigadores está sujeta a una serie de factores que propician un entorno sin el cual sería muy difícil introducir a nuevos científicos. Ese entorno está compuesto por academia e industria, pero cuya relación es compleja, y para la cual necesita del apoyo de políticas públicas que desarrollen ese vínculo. En Singapur existe un cohesionado sistema nacional de innovación que hace frente al aumento de doctores. Entre ellas las más destacadas son la utilización de posiciones postdoctorales para abrir un puente entre formación académica e inserción laboral, la creación y fortalecimiento de centros de investigación en áreas prioritarias y la movilidad laboral entre ciencia e industria.

Estas tres iniciativas podrían replicarse en Chile, para que de esta forma los investigadores encuentren el contexto adecuado para insertarse rápidamente en el mundo laboral (tanto en academia como industria) y que, dados los escenarios creados mediante la intervención pública, sea capaz de producir ciencia y tecnología de clase mundial. No obstante, eso no sería posible si es que no se profundizan los lazos entre I+D e industria y donde existe un desbalance en Chile, que ha puesto mayores esfuerzos y recursos en la inserción de investigadores en la academia. Esta es una de las razones (entre muchas otras) que ha provocado que la industria nacional no posea lazos sólidos con la investigación científica, ni tampoco una estrategia de innovación definida, lo que finalmente redunda en la baja contratación de investigadores en el sector productivo.

De esta forma, se arriba a la conclusión de que, indudablemente, el sistema nacional de innovación chileno requiere de mayor coordinación para provocar la movilidad laboral desde el mundo académico hacia la industria, en la cual la experiencia internacional demuestra que la política pública de I+D+i debe ser una expresión superior articulada, producto de la coordinación y eficiencia entre sus participantes.