Participación de Ley Incentivo Tributario al I+D en inversión total de Investigación y Desarrollo en Chile

Los beneficios tributarios para que empresas y organizaciones privadas desarrollen investigación y desarrollo (I+D), que luego sirve de base para generar nuevos productos y servicios con aplicaciones industriales y comerciales, son instrumentos públicos muy utilizados por los sistemas nacionales de innovación.

Al 2010, más de 20 países miembros de la OECD entregaban algún incentivo fiscal para incorporar y realizar I+D en la industria. Al contrario de los subsidios a los cuales una entidad postula, los incentivos tributarios están abiertos a todos los potenciales productores de I+D en cualquier momento.

La OECD fija a EE.UU., Japón y Canadá como los tres países líderes que más invierten en I+D mediante estos incentivos. Las empresas estadounidenses recibieron U$ 7 mil millones de dólares por esta vía, mientras que Japón superó los U$ 5 mil millones y Canadá los U$ 3 mil millones, según cifras del 2008.

En el caso de Chile, la Ley 20.241 establece un incentivo que rebaja vía impuestos de primera categoría al 35% de los recursos que destinen a actividades de I+D, que puede ser realizada desde sus propias capacidades así como subcontratando a terceros especializados. En tanto que el 65% restante puede ser considerado como gasto necesario para producir la renta. Esto significa que el crédito tributario puede empinarse hasta el 46%, mientras que el tope máximo anual corresponde a 15 mil UTM  (alrededor de US $ 1 millón de dólares).

Según datos de Corfo, Chile certificó $ 33 mil millones de pesos en 2014, que representa unos US $ 58 millones de dólares (según valor promedio del dólar observador de ese mismo año que fue de $ 570). Mientras que para este 2015, se espera que aquella suma aumente a $ 40 mil millones de pesos en proyectos certificados por la entidad (con la salvedad que el valor del dólar observado promedio del 2015 se empina sobre los $ 638, lo que significa casi U$ 69 millones de dólares).

Sin embargo, el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán, reconoció al Diario Financiero (21 de septiembre 2015) que los datos entre 2013 y 2014 son inferiores a períodos anteriores. Adicionalmente, el personero advirtió que las bajas proyecciones de crecimiento para la economía chilena para el 2016 tendrán un impacto negativo en el uso de esta franquicia.

¿CUÁNTO DEBERÍAN CRECER LOS APORTES VÍA LEY I+D?

Mucho se ha escrito y comentado que Chile solo invierte 0,39% del PIB en actividades de I+D, número muy por debajo del promedio OECD del 2,4%. Aún más alarmante es la baja capacidad que tiene el sector privado nacional para producir e involucrarse en I+D, participando con menos de un tercio en esa inversión; mientras que la media OECD indica que la empresa aporta dos tercios de la inversión en I+D.

El desafío que hoy enfrenta Chile es no solo aumentar la inversión total en I+D hasta aproximarse a los estándares OECD, sino que también lograr que la empresa se involucre a una velocidad aún mayor. Para alcanzar esos objetivos, se requiere aplicar una serie de supuestos, que el economista José Miguel Benavente anticipó en el 2008. Por ejemplo: si la meta de Chile es duplicar su inversión en I+D, saltando al 0,8%; la participación de la empresa tiene que crecer tres veces; mientras que si Chile espera acercarse al 2,4% promedio de la OECD, la inversión privada debe aumentar más de cinco veces. De esa manera, el porcentaje de ese sector también se equipara al promedio OECD del 60% (como se observa en la figura 1).

Figura 1: Proyecciones de crecimiento de la inversión en I+D en Chile
para alcanzar el promedio OECD

Si lo que se busca es producir I+D para que luego la industria sea capaz de absorberlo y transferirlo, la Ley I+D es un instrumento de gran potencial pues vincula ambas esferas.

A pesar de que ésta no es la única herramienta de política pública que el Estado de Chile ofrece para potencia esa relación, es un instrumento poderoso pues apalanca por cada peso del sector público otro peso del privado (formato 1+1). 

Al respecto, existen significativos estudios que cuantifican el impacto que puede tener un incentivo tributario en la inversión total del I+D respecto al PIB. Por ejemplo, el Centro de Estudios de Políticas Públicas VoxEU estimó que para aumentar un punto porcentual de la inversión del I+D respecto al PIB se debe invertir igual cifra en créditos tributarios (Gaillar y Straathof, 2015).

En otras palabras, para que Chile llegue al 1% de inversión en I+D (creciendo del actual 0,39%), utilizando como supuesto solo el crecimiento en proyectos certificados por la Ley I+D, y sin aumentar gasto en otras actividades, ésta debería reportar sobre los $ 800 mil millones de pesos. Esto supondría además que la empresa privada participaría por sobre el 60% del total en la inversión de I+D que realiza Chile respecto a su PIB.

Para que eso ocurra el aporte de la Ley I+D debe crecer 24 veces desde su volumen actual. Algo difícil de suponer bajo las proyecciones de crecimiento para los próximos años, donde la mayoría de las empresas chilenas estarán mucho más preocupadas del día a día que de invertir a largo plazo.

APALANCAMIENTO

El valor adicional que propone la Ley de I+D es que las empresas salgan a buscar capacidades de I+D. Una carencia que el grueso de las compañías chilenas padece y que para lograr deben, a mi juicio, relacionarse con las universidades. Por otra parte, a las universidades nacionales se la ha achacado que produce gran investigación, pero con nulo impacto social y económico, debido precisamente a su baja vinculación con la industria.

De esa manera, se pone a prueba la voluntad de ambas partes por acercarse: la empresa debe entender que la I+D es un proceso lento y a largo plazo, que debe integrarse en sus procesos de innovación con la estructura que eso demanda; y, por su parte, la academia (principal generador de I+D) tiene que adaptarse a las necesidades de la industria, si desea colaborar con ella, formulando una investigación orientada al mercado.

Obviamente que ambos actores deben trabajar en mejorar sus vínculos. En mi opinión, la empresa no puede delegar la gestión de I+D dentro de un departamento de marketing u otro similar, sino que tiene que crear una unidad específica de innovación. Por su parte, la universidad tiene que potenciar y apoyar internamente sus oficinas de transferencia tecnológica. Si el investigador, o incluso el brocker tecnológico, sale a buscar directamente al gerente de finanzas de la empresa (o viceversa), sin el apoyo de intermediarios, va camino al fracaso.

En ambos casos, la creación de infraestructura útil para producir innovación puede convertirse en un motor capaz de levantar nueva inversión en I+D. Las empresas necesitan primero crear áreas especializadas y capaces de absorber I+D. Con estas capacidades instaladas, luego podrá generar su propia investigación, donde se necesita mucho capital humano avanzado, laboratorios que tiendan al escalamiento productivo, marketing y difusión especializado en adopciones tempranas, vigilancia tecnológica, entre otros.

En tanto, que las universidades deben potenciar e impulsar políticas de propiedad intelectual, orientando parte de su I+D hacia resultados aplicados, formando unidades específicas de diseño y prototipado, protegiendo resultados y aplicando metodología de transferencia ágil hacia la industria.

A mi juicio, el componente más importante de esta ecuación es el capital humano. La contratación en ambas partes de investigadores con grado de magister y/o doctorado (becados actualmente por el Estado y quienes carecen de un sistema de inserción adecuado) pueden ser una alternativa potente para convertirse en los líderes, coordinadores y articuladores, que operen como puentes entre los interesados.

La experiencia internacional en los líderes mundiales en I+D+i indica que los agentes de transferencia poseen el grado de PhD y además cuentan con la experiencia significativa en transferencia tecnológica y comercialización de la propiedad intelectual. Situación que se puede replicar en nuestro país.

Si estos especialistas logran agilizar los resultados a la velocidad que demanda la industria y minimizar el riesgo, es posible tener casos de éxito en el mediano plazo, los que servirán de ejemplos para que el ecosistema de innovación comience a adoptar un modelo de transferencia tecnológica particular a las condiciones que Chile presenta hoy.

De esa manera, se puede apalancar recursos de inversión en I+D, acercándose al 1% del PIB. Este esfuerzo conjunto entre gobierno, academia y empresa tiene que ser permanente y entendido como crítico para sortear los ciclos económicos que hoy nos afectan.