Análisis Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales

Desde el 2009, el Parlamento viene discutiendo sobre el Proyecto de Ley de Obtentores Vegetales que protege la propiedad intelectual que colaboran en la creación de nuevas variedades vegetales. La finalidad es modernizar la institucionalidad vigente e igualarla con la firma de tratados internacionales de libre comercio y propiedad intelectual que Chile ha suscrito en los últimos años.

                Esto ha abierto un acalorado debate acerca de la comercialización de los recursos agrarios y silvopecuarios (vitales insumos alimenticios para la población) y la manera en que éstos serán apropiados y convertidos mediante las nuevas tecnologías. Por un lado, está la opinión de los defensores de la libre agricultura, quienes claman por el uso permanente y abierto de las semillas y cultivos que por generaciones las comunidades originarias y los agricultores han utilizado. Además, muestran su legítima preocupación por la presencia de nuevas variedades de alimentos genéticamente modificados (GM) y sus potenciales efectos nocivos en los consumidores. A mi juicio, ambas aseveraciones han desvirtuado el propósito original de este proyecto de ley, que logró, a la primera semana de septiembre 2013, retirar la suma urgencia que tenía la tramitación en el Senado. Por ello, vale la pena hacer un poco de historia para entender cómo se llega a esta situación.

ANTECEDENTES

               En 1994, Chile promulgó la Ley 19.342, que regula los derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales y cuyo objetivo fue alinear la legislación nacional a la situación internacional, adhiriendo definitivamente al acta de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978. De acuerdo a la ley, un obtentor es la persona (natural o jurídica) que en forma natural o mediante aplicación genética de laboratorio descubre una nueva variedad vegetal. De tal forma, el obtentor obtiene el derecho exclusivo de la producción de esta variedad vegetal, así como su venta, empleo o uso, e incluso la utilización de la misma como planta ornamental.

Esta actividad tiene una gran importancia en el desarrollo agrícola moderno, debido al  gran crecimiento demográfico del último siglo y que no tiene señales de disminuir; por lo que cada vez existe un mayor número de personas que demandan alimentos para su subsistencia. Adicionalmente, deben considerar los efectos del cambio climático, que requieren la explotación racional de los recursos naturales. De este modo, la agricultura no podrá atender esas demandas si no moderniza sus actividades mediante la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente su producción.

                Atendiendo diversos factores fue que desde que el hombre conoció y aplicó las técnicas agrícolas en las antiguas civilizaciones, surgidas en Mesopotamia y posteriormente en Egipto, ha logrado crear variaciones vegetales de forma natural, principalmente a través de la polinización. Este conocimiento ha sido transferido y multiplicado por el resto de la humanidad hasta el día de hoy, con lo cual prácticamente no existen alimentos que sean totalmente “naturales”. Por ejemplo, la frutilla podría ser considerada con total justicia una variedad híbrida o incluso transgénica, pues se obtuvo del cruce accidental de dos especies nativas (una de Virginia, EEUU; y otra de Chile) en un jardín botánico ubicado en Paris a mediados del siglo XIX.

De hecho, el 99,5% de los alimentos que consumimos en la actualidad se han logrado en el cruce de variedades y aquellos donde no fue posible obtenerlos de forma natural se han conseguido a través de procesos “artificiales” (tecnología), como alteraciones químicas, radiación, mutaciones espontáneas mediante la exposición a rayos solares y, últimamente, la biotecnología. Esta última tiene su base en la tecnología que estudia y aprovecha los mecanismos e interacciones biológicas, para luego aplicarlas a la agricultura, farmacéutica, medicina e ingeniería de los alimentos, entre otras, a través de técnicas in vitro de ácido nucleico. Aquí se incluye, por supuesto, el ácido desoxirribonucleico (ADN) recombinante (ADNr), que luego se inyecta de forma directa en células para fusionarlas y así obtener nuevos organismos celulares. De esta forma, encontramos a la ingeniería genética jugando un rol crítico en el control y transferencia de ADN de un organismo a otro, dando la posibilidad de crear nuevas especies, efectuar “correcciones” genéticas y fabricar nuevos compuestos.

MOTIVOS PARA LA MODIFICACIÓN GENÉTICA

La razón para efectuar estas mutaciones de forma natural e in vitro son para obtener una semilla y/o variedad más resistentes, cambios climáticos, adaptación al tipo de suelo y cadenas logísticas de exportación, pasando también por el sabor, color, tamaño y contextura. Por tanto, se estima que el investigador o agricultor (obtentor) quien logra una mejora dentro de las variedades vegetales ha conseguido una nueva forma de propiedad intelectual. La cual en la mayoría de los países que fomentan el desarrollo científico y tecnológico es merecedora de un premio que otorga la sociedad, transformándola en un derecho patrimonial. Vale decir, este individuo o institución obtiene el reconocimiento exclusivo a hacer uso de ese derecho, mediante la concesión de una “patente”.

Esta situación es clave en el desarrollo económico y social de los países que reconocen la relevancia de proteger la propiedad intelectual del inventor, para que luego éste tenga los derechos de comercialización y explotación; así el investigador tiene los incentivos adecuados para crear, sustentando y promoviendo la investigación, vital en la moderna “economía del conocimiento”.

En el caso de las obtenciones vegetales este derecho está consagrado internacionalmente en la UPOV de 1978, a la cual Chile adhirió el 5 de enero de 1996 y a partir de la cual se promulgó la Ley 19.342. En 1991, la UPOV publicó un acta que se adecúa a los cambios científicos introducidos por la biotecnología, lo que abrió el camino al ingreso de grandes empresas (la más notable Monsanto) en la industria de los alimentos GM. La UPOV de 1991 vino a reemplazar al acta de 1978 y, por tanto, desde 1998 que los nuevos países suscribientes sólo pueden adherir el convenio de 1991.

EE.UU. fue el propulsor de la actualización de la norma internacional. Chile al firmar el Tratado de Libre Comercio con el país norteamericano, en 2004, se comprometió a adoptar la misma legislación internacional; de ahí surge el proyecto de ley de obtentores de semillas y cultivos, el que ingresa al parlamento en enero del 2009. Cabe destacar que la mayoría de los países latinoamericanos solo han adherido al UPOV de 1978, entre los que se cuentan gigantes silvoagropecuarios como Argentina, Brasil, Ecuador y Chile (este último el mayor exportador de fruta fresca de la región).

Para ponerse a tono con el convenio UPOV de 1991, la gran diferencia que incorpora el proyecto de ley (llamado popularmente en Chile Ley Monsanto) es que el titular tiene el derecho exclusivo para producir y comercializar su invención (como es por cierto el derecho de exclusividad que tiene una patente), por lo que exige la autorización del obtentor para la reproducción de las semillas. Esto solo aplica para cultivos y semillas nuevas, creados a partir de la técnica natural o artificial, con el objetivo de establecer un derecho de propiedad sobre esta "creación" a favor del obtentor. De esa forma, se pretende incentivar la generación de variedades nacionales desde la investigación científica, entregando valor agregado a la industria silvoagrepecuaria chilena. Así se pueden generar frutas y verduras más resistentes (sin necesidad de utilizar pesticidas), servir como antígeno a infecciones bacteriales, capacidad de mantener su frescura en cadenas de frío más prolongadas durante la exportación, cultivos con menor necesidad del agua, entre otras oportunidades agrarias y comerciales identificadas.

Según el proyecto de ley, cuando el obtentor confía plenamente en que ha conseguido una nueva variedad de semilla o cultivo lo puede inscribir en el Registro de Variedades Protegidas, en la División de Semillas del Servicio Agrícola Ganadero (SAG, dependiente del Ministerio de Agricultura). Aquí es evaluado por el Comité Calificador de Variedades, quienes determinan mediante pruebas y ensayos si la propuesta cumple con los requisitos legales: ser nueva, distinta, homogénea, estable y tener una denominación varietal. De otorgarse la patente por la nueva semilla, el derecho de exclusividad cubre un período de 18 años (árboles y vides) y 15 años (otras especies); no es un derecho a perpetuidad, ni mucho menos es la adquisición de derechos sobre variedades originarias ya conocidas u otras comercializadas. A cambio, el obtentor se compromete a hacer pública la estructura y los componentes genéticos de la semilla, con lo que se abre la puerta a nuevas investigaciones. 

A la fecha, en el Registro de Variedades Protegidas podemos observar la distribución de los países de origen de las variedades inscritas según la legislación nacional vigente: 

Fuente: SAG, 2013

Como podemos apreciar, Chile solo tiene el 4% de las inscripciones en el total de las variedades frutales; el 2% en variedades ornamentales; y 41% en variedades agrícolas. Estos indicadores muestran las fortalezas de la investigación científica de nuestro país en una determinada área y al mismo tiempo las variedades donde Chile podría perder liderazgo debido a la innovación tecnológica que realizan otras naciones.

DISCUSIÓN

               Innumerables voces, entre ellos investigadores con doctorado, se han opuesto al proyecto de ley de obtenciones vegetales, principalmente porque ésta traería desequilibrio entre los obtentores y quienes no posean el derecho a explorar esa semilla nueva. Además, la iniciativa no entrega compensación a los pueblos originarios y campesinos por aportar el material que dio origen a la innovación; establecido en la Convención de la Diversidad Biológica, suscrita por Chile en 1995. Incluso existe el temor de que las grandes corporaciones se apropien de los cultivos originarios y los conviertan en cultivos transgénicos.

A raíz de esta gran presión social es que la iniciativa se ha detenido en varias ocasiones en el Parlamento en los últimos cuatro años. No obstante, a septiembre de 2013 el proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la Comisión de Agricultura del Senado, por lo que solo faltaría la votación en el Senado.

Por otro lado, diversos cultivos genéticamente modificados, como la “uva redglobe” han generado millones de dólares en ingresos para el país, mientras que la introducción de cultivos ornamentales en Osorno ha creado nuevo empleos. Al mismo tiempo, los defensores de los alimentos GM esgrimen que podrían ser un elemento crítico dentro de la solución global al problema de alimentación para un población mundial que crece segundo a segundo (en la actualidad existen casi dos mil millones de seres humanos que viven bajo la línea de la pobreza; de los cuales más de la mitad presenta síntomas de desnutrición). Es así como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advierte que en las próximas dos generaciones, los hombres consumirán el doble de comida que previamente necesitó toda la historia de la humanidad. ¿Cómo y cuándo se va a producir?

Es ahí donde se requiere la introducción de nuevas tecnologías que hagan más eficiente la producción y consumo de alimentos. Sin embargo, bajo ese panorama se visualizan escenarios donde las grandes corporaciones controlarán este importante recurso para el desarrollo humano (aunque esto ya es una realidad, pues en Chile las dos grandes cadenas de supermercados ya controlan el 60% del abastecimiento de alimentos y alrededor de una decena de familias son los propietarios del sistema de producción agrícola, pesquero y ganadero del país).

Otra de las dudas que surgen casi espontáneamente: ¿Son los alimentos GM nocivos para las personas? La ciencia no ha encontrado respuestas concluyentes y afirmativas para respaldar tal hipótesis. No obstante y por otro lado, las actuales prácticas de la agricultura provocan un considerable daño al ecosistema a través de los pesticidas (causantes de la mortandad de las abejas) y son ineficientes en el uso del agua.

Se estima que el cultivo de alimentos GM logró reducir en 224 mil MT de pesticidas (entre 1996 y 2005) y 9 mil millones de kilos de CO₂ (2005). Es más, la ciencia ha desarrollado tratamientos médicos en base a productos GM, como la insulina y la vacuna contra el cáncer cervical. El queso y el pan también han sido genéticamente modificados con enzimas y levaduras alteradas desde 1980.

Aun así, es probable que la alimentación GM no tenga todas las respuestas y sea solo un elemento más en la compleja oferta de soluciones que debe surgir para atacar este problema. Pero indudablemente que es una herramienta para lograr una agricultura sustentable y, al mismo tiempo, ansiosa por alcanzar un marco legal adecuado para los tiempos modernos que corren. 

¿Debe una empresa privada realizar ciencia básica?

La creciente competitividad de la economía moderna ha llevado a la empresa privada a buscar nuevas estrategias en la forma que hacen negocios. A pesar de que la investigación es elusiva y difícil de entender por las firmas comerciales, un número significativo de compañías han dirigido su atención hacia la ciencia para así obtener ideas frescas, que puedan contribuir al nacimiento de nuevos productos. Brevemente, podemos decir que la ciencia de base es el nuevo entendimiento que se genera en el proceso de "descubrir"; no tiene fines prácticos inmediatos y lo que pretende es aumentar el conocimiento acerca de los principios esenciales de la naturaleza o la realidad. Éste surge de la preocupación que tiene el científico por entender y explicar un fenómeno. Bajo esta lógica, las empresas solo se involucran si la ciencia es capaz de ofrecer un valor práctico y aplicable para un producto, servicio y/o proceso. No obstante, las predicciones que determinan si una investigación de base podría derivar en una innovación es extremadamente difícil, por lo que la interacción entre ciencia y empresa nunca es fácil de lograr.

La mayoría de las industrias que subsisten gracias a la innovación, como la farmacéutica o la electrónica, consolidan vínculos con departamentos científicos de universidades, con el objetivo de descubrir la cura contra el cáncer o bien una forma más eficiente de capturar la energía solar. Incluso, los gobiernos ponen incentivos y fomentan este vínculo, pero el proceso de entendimiento entre ambos presenta igualmente una serie de obstáculos, relacionadas con metas y sincronía, que ambos sectores poseen. Por un lado, los centros y grupos de investigación académicos buscan un descubrimiento científico, que pueda ser agregado a la torre del conocimiento, en un proceso que fácilmente puede tomar años. Mientras que las empresas necesitan resultados inmediatos en sus procesos de comercialización. Estas características derivan en culturas distintas, que acrecientan la brecha y hacen más compleja la vinculación.

Aquello ha cambiado en la presente sociedad del conocimiento, donde el intercambio de información es crucial para afrontar nuevos desafíos, por lo que las organizaciones que no tienen la capacidad (o voluntad) de colaborar, sufrirán las consecuencias. Así firmas que no buscan soluciones en los laboratorios están limitadas a unas pocas alternativas y enclaustradas en lo que pueden hacer en vez de aspirar a lo que quieren ser.

Es por ello, que la empresa privada debería "conversar" con la ciencia básica, para así alcanzar un portafolio de productos con fuerte valor agregado y difícil de imitar por la competencia. En tal sentido, la empresa desarrolla nuevas capacidades que le permiten mejorar su análisis para identificar valor en componentes que están fuera de su alcance. Esto es de particular importancia cuando el nuevo conocimiento es difícil de encontrar y precisamente no está disponible en las transacciones de mercado.

De igual manera, las compañías deben entender la esencia de sus negocios y mercados; lo cual unido a su adquirido conocimiento científico le permite discriminar si un descubrimiento en ciencia tiene el potencial para transformarse en un impacto comercial. Se produce, así, un "sexto sentido" para determinar valor donde antes no lo había o simplemente no se entendía.

En este contexto del desarrollo de nuevos productos, la absorción del conocimiento externo dependerá de las motivación y habilidad de la empresa para adquirirla. Por tanto, aquéllas con las capacidades adecuadas tendrán mejores perspectivas de sacar ventajas de las oportunidades que nacen de la ciencia.

Singapur: Potencial modelo para la inserción de investigadores en Chile

Singapur es una pequeña isla de 707 kilómetros cuadrados, ubicada en el extremo sur de la península de Malasia. Con poco más de 4,5 millones de habitantes, ha sido un ejemplo de cómo implementar un camino hacia el desarrollo. En 1964, año de su independencia de la Federación de Malasia, Singapur tenía un ingreso per capita de U$ 438. Diez años después había aumentado por encima de $ 1.000. A comienzos de la década de 1990, ya superaba los U$ 10.000 y de ahí comenzaba un vertiginoso ascenso hasta superar los U$ 39.000 que hoy exhibe. Un auténtico tigre.

Singapur no posee grandes reservas de recursos naturales ni un significativo mercado interno, por lo que inmediatamente surge la pregunta: ¿Cómo fue capaz de lograrlo? Y la respuesta suena sencilla: Realizando profundas transformaciones al sector productivo, que se apoyó en una base científica y tecnológica para crear nuevos negocios. De esa forma, el país tomó la decisión de copar nichos de alta tecnología para generar una ventaja competitiva de conocimiento, donde ningún otro tuviera una posición dominante. Así el Gobierno inició la creación de centros de I+D en áreas designadas, la más notable en biomedicina, seguida por tecnologías de la información y energía; a medida que la investigación se acercaba a resultados aplicados se iban fundando empresas en base a ese conocimiento.



Para desarrollar tamaña capacidad de producción de ciencia básica y luego realizar transferencia tecnológica con aplicaciones en la industria, Singapur reconoció que necesitaba un número acorde de investigadores. Por lo que tuvo que "forzar" a las universidades públicas a aventurarse en la ciencia al borde del conocimiento, es decir explorar lo inexplorado y buscar nuevas respuestas a problemas recientes. Para ello hubo de ampliar los programas de doctorado (que es, básicamente, la formación de científicos) y además importar (atraer) investigadores desde el extranjero; situación que se mantiene hasta la actualidad. Como resultado de esta política pública, Singapur se ubicó en el tercer puesto del Índice Mundial de Innovación en 2012, solo por detrás de Suiza y Suecia.

¿Qué puede aprender Chile de esta experiencia? En términos de formación de capital humano, Chile está formando una cantidad histórica de doctores a través de becas en universidades nacionales y extranjeras. Se estima que en promedio a partir del 2013 y durante los próximos años, el país producirá anualmente 700 investigadores con el grado académico de doctor. Si consideramos que en la actualidad existen 4 mil doctores en Chile, para el 2018 se habrá duplicado su número.

La inquietud surge en la manera que estos doctores aportarán al desarrollo de nuestro país. Esta discusión que debe darse obviamente desde la forma en que producen y trabajan en actividades propias de su alta formación. Vale decir, si Chile está formando con fondos públicos, un investigador en física nuclear en Alemania o Concepción, el objetivo es que se inserte laboralmente en su área de estudio. La pregunta es casi obvia: ¿Tiene Chile la capacidad para absorber este capital humano avanzado? Para responder esa interrogante, vale la pena detenerse a analizar el caso de Singapur y cómo consigue insertar anualmente nuevas oleadas de investigadores.

Singapur hoy cuenta con 28 mil investigadores indistintamente de su grado académico (Chile con el triple de población apenas tiene 9 mil) y para albergar parte de este personal, el Gobierno asiático tiene 20 instituciones de investigación, que alojan a más de 2 mil 500 científicos (en el mismo caso, Chile posee poco más de mil). Una vez que un estudiante se titula como doctor tiene varias opciones en Singapur: postular a una beca de postdoctorado, que le permitirá seguir en la investigación básica y así a futuro convertirse en académico universitario estable; postular a un trabajo como investigador en el sector privado, donde seguramente optará a un puesto en ciencia aplicada; o bien realizar un internado en un centro de investigación, donde al cabo de dos años podrá tomar una decisión respecto a su carrera profesional, sistema bajo el cual tiene prácticamente asegurado un puesto laboral.

El postdoctorado es un instrumento clave para insertar nuevos investigadores dentro en la investigación pura (esta última actividad es muy importante para luego crear aplicaciones para la vida diaria; además la ciencia básica permite cambiar paradigmas en la sociedad, pensemos como ejemplo en la Teoría de la Relatividad de Einstein). Así, a medida que el personal va adquiriendo experiencia en sus etapas postdoctorales, es atraído por la industria a sus propios centros de I+D. Los incentivos para mantener este segmento profesional dentro de los laboratorios públicos son deliberadamente más bajos, comparados con los sueldos y beneficios de la industria, para de esa forma promover la movilidad laboral hacia el sector productivo y generar beneficios económicos. En ese contexto, las universidades y centros de I+D están preparados para “perder” investigadores regularmente a manos de la industria. Entonces, para mantener y luego incrementar el número de investigadores, las universidades y los centros vuelven a reclutar talento nacional y extranjero.
Igualmente, la presencia de empresas con sus propios departamentos de I+D es un factor trascendente en las políticas de inserción de investigadores en Singapur. Por esa razón, el Gobierno ha promovido una estrategia de atracción de compañías extranjeras así como la formación de start-ups locales, con base científica y tecnológica. Por su parte, el sector privado tiene un interés reciproco atrayendo el talento disponible, capaz de agregar valor y competitividad a sus empresas.

Entre los esperados efectos positivos que los PhD aportan a las compañías privadas se encuentran los conocimientos de punta en ciencia y tecnología. A través del proceso industrial aplicado, este conocimiento es capaz de convertirse en propiedad intelectual que otorga ventajas a la empresa, como son las patentes. Además, la inserción del doctor en la industria empuja a la conformación de redes con el resto de la comunidad científica. De esa forma, los doctores otorgan canales de conocimiento crítico para la firma privada, que en algunos casos son determinantes para su posición competitiva. A pesar de los beneficios que los investigadores aportan a la industria, la relación entre ambos no es fluida.

Uno de los vehículos utilizados en Singapur para conectar la ciencia básica con la transferencia tecnológica y posterior comercialización, son los parques y consorcios tecnológicos, donde de paso se define el rol gubernamental en el desarrollo de la ciencia y su promoción en la aplicación industrial. Así, se propicia un contexto de colaboración que provoca movilidad laboral de los investigadores desde la academia hacia el sector productivo.

De igual forma, la industria se va alimentando de esta sinergia con la investigación científica, para luego generar innovación; esfuerzo en el que necesita una significativa capacidad para crear su propia I+D o bien transferirla desde fuentes externas. Por tanto, estas actividades requieren que la empresa tenga su propio personal de I+D. Es así, como la industria constantemente atrae investigadores desde la academia para incorporarlos en sus organizaciones.

Chile no ha logrado construir un sistema equivalente, lo cual se demuestra en la baja inserción de investigadores en la industria y el aporte que hace el sector privado al gasto total de I+D (41% en Chile; comparado con más del 60% del promedio OECD). Aunque Chile presenta una aceptable producción de artículos científicos, las exportaciones de bienes manufacturados de alta tecnología son casi inexistentes, como asimismo el escaso licenciamiento que realizan extranjeros por patentes y tecnologías desarrolladas por investigadores chilenos.

Por tanto, la inserción laboral de investigadores está sujeta a una serie de factores que propician un entorno sin el cual sería muy difícil introducir a nuevos científicos. Ese entorno está compuesto por academia e industria, pero cuya relación es compleja, y para la cual necesita del apoyo de políticas públicas que desarrollen ese vínculo. En Singapur existe un cohesionado sistema nacional de innovación que hace frente al aumento de doctores. Entre ellas las más destacadas son la utilización de posiciones postdoctorales para abrir un puente entre formación académica e inserción laboral, la creación y fortalecimiento de centros de investigación en áreas prioritarias y la movilidad laboral entre ciencia e industria.

Estas tres iniciativas podrían replicarse en Chile, para que de esta forma los investigadores encuentren el contexto adecuado para insertarse rápidamente en el mundo laboral (tanto en academia como industria) y que, dados los escenarios creados mediante la intervención pública, sea capaz de producir ciencia y tecnología de clase mundial. No obstante, eso no sería posible si es que no se profundizan los lazos entre I+D e industria y donde existe un desbalance en Chile, que ha puesto mayores esfuerzos y recursos en la inserción de investigadores en la academia. Esta es una de las razones (entre muchas otras) que ha provocado que la industria nacional no posea lazos sólidos con la investigación científica, ni tampoco una estrategia de innovación definida, lo que finalmente redunda en la baja contratación de investigadores en el sector productivo.

De esta forma, se arriba a la conclusión de que, indudablemente, el sistema nacional de innovación chileno requiere de mayor coordinación para provocar la movilidad laboral desde el mundo académico hacia la industria, en la cual la experiencia internacional demuestra que la política pública de I+D+i debe ser una expresión superior articulada, producto de la coordinación y eficiencia entre sus participantes.